Una investigación que busca esclarecer la desaparición forzada de varias personas por parte del Ejército Nacional, en el contexto del conflicto armado en Colombia, ha destapado una serie de hechos inquietantes en un batallón militar en el sur de Bogotá.
El caso se centra en la Escuela de Logística del Ejército, un lugar de gran relevancia histórica que previamente albergó instalaciones como la Brigada XX y el Batallón Charry Solano, conocidos por haber sido centros de presuntas violaciones a los derechos humanos durante las décadas de los 80 y 90.
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El 3 de febrero, un equipo judicial compuesto por magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y peritos forenses se dirigió a esta unidad militar, en busca de evidencia relacionada con personas desaparecidas.
Durante la diligencia, los investigadores se toparon con una excavación reciente que, según un exmilitar que fue testigo de los hechos, coincide con el lugar donde podrían estar los restos de Irma Franco Pineda, una exintegrante del M-19, quien fue víctima de desaparición forzada tras el asedio al Palacio de Justicia en 1985.
El origen de este suceso radica en una investigación impulsada por el testimonio de José Leonairo Dorado Gaviria, un sargento retirado que trabajó en labores de inteligencia durante los ochenta y los noventa. Según su declaración, varios sitios dentro del batallón podrían albergar restos de desaparecidos, entre los que destacó el área donde, presuntamente, los militares habrían enterrado el cadáver de Franco Pineda.
Ante esta revelación, el 3 de febrero comenzó una serie de exhumaciones en los puntos señalados por Dorado. Sin embargo, el primer día de trabajo estuvo marcado por un hallazgo sorprendente: un agujero cavado recientemente en la misma zona en la que el exmilitar había indicado que se podrían encontrar los restos de Franco Pineda.
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Esta irregularidad motivó a la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, a interponer una denuncia formal ante la Fiscalía y a abrir un incidente de desacato contra varios altos mandos del Ejército, incluido el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.
El hecho cobró mayor gravedad el 4 de febrero, cuando se descubrió que, en un área cercana a la excavación, personal del Ejército había intentado intervenir en una tarea que había sido suspendida por las medidas cautelares dictadas por la JEP.
Estos intentos de realizar trabajos en el área fueron frustrados por la intervención de la justicia, lo que generó más dudas sobre las intenciones de las autoridades militares en la zona.
Por su parte, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo, comandante de la Escuela de Logística, explicó en un informe que el 30 de enero había sido informado sobre las diligencias que llevaría a cabo la JEP.
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Aseguró que colaboró con la comisión judicial, aunque relató que fue informado de la excavación de un hueco como parte de una operación para desechar residuos médicos de alto riesgo.
Sin embargo, la presencia de estos desechos no explica de manera convincente la excavación en un área tan delicada, lo que refuerza las sospechas de que la alteración del terreno no fue un accidente.
Este episodio ha intensificado la preocupación sobre el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la JEP, que prohíben cualquier alteración en los terrenos del batallón y la Escuela de Logística. La situación se ha tornado tan seria que, en los últimos días, se ha realizado una reunión entre el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y el ministro de Defensa, quien aseguró que las Fuerzas Armadas seguirán colaborando en la investigación, aunque las tensiones continúan.
El caso sigue en desarrollo, con nuevos hallazgos que podrían arrojar más luz sobre el destino de las víctimas de desaparición forzada, mientras se espera que la justicia colombiana logre esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
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