La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia impuso una sanción de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al director regional del ICBF de Antioquia, Jorge Iván Montoya Vélez, por incumplir la sentencia del día 10 de mayo de 2022, la cual le ordenaba a la entidad y al municipio, entre otros actores, liderar un Plan Integral Focalizado entre la carrera 54 y las calles 54 a 57 de Medellín, sector conocido como el Bronx, para brindar una solución de fondo a la “vulneración de los derechos colectivos” que allí se registra.
Los demandantes fueron críticos con la Administración distrital y otras entidades, señalando que la situación actual sería producto de la negligencia de las mismas.
Es noticia: 120 personas en situación de calle han sido trasladadas a sus lugares de origen por la Alcaldía de Medellín
“Esta orden también fue desatendida, debido a la negligencia del Municipio de Medellín y la Policía Nacional, que no han adoptado las acciones necesarias para retomar el control de la zona. El sector sigue controlado por las bandas de microtráfico, delincuentes y jíbaros, que expenden ingentes cantidades de alucinógenos cuyo producido entra a las arcas del crimen. La Policía Nacional y la Fiscalía son entes pasivos frente a la grave situación criminal en el sector”, se lee en el documento en que se certifica el desacato a la orden judicial.
Sobre lo ordenado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, agregan que “por el sector deambulan niños y adolescentes, en tanto, ICBF soslaya tal situación”.
Esta sentencia nació de una acción popular de Jesús Antonio Sánchez y otros ciudadanos, con el objetivo de recuperar las personas en condición de calle y el espacio público en dicho sector de la ciudad, y ya había pasado por una audiencia de verificación en el 2023, en la cual, según los querellantes, el apoderado del Municipio no dio cuenta de dicho plan.
Argumentos del Distrito y del ICBF
Ante estas acusaciones, la Alcaldía de Medellín señaló que desde que se conoció la sentencia se adelantan acciones encaminadas a cumplir con la decisión judicial. Indicó que desde el Comité Operativo de Ciudad se ha programado y realizado la intervención del sector, acercando las ofertas de la institucionalidad a las personas en condición de calle.
Por su parte, el ICBF aseguró que ha realizado intervenciones en procura de garantizar los derechos de los menores de edad del sector y de la población flotante, asumiendo un actuar proactivo y nunca a la espera del plan focalizado que debe liderar la Alcaldía de Medellín.
Por último, la multa que fue impuesta al burgomaestre de Medellín y al director regional del ICBF irá al fondo para la defensa de derechos e intereses colectivos, y ambos deberán cumplir la sentencia del 2022 en los próximos meses, según lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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