Un jurado federal en West Palm Beach, Florida, dictaminó este lunes 10 de junio que la multinacional Chiquita Brands deberá pagar más de 30 millones de dólares en indemnizaciones a los demandantes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en Colombia.
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La empresa fue acusada de financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsable de miles de muertes en el país. La multinacional que antes se llamaba United Fruit Company y estuvo involucrada en la masacre de las bananeras a manos del Ejército Nacional, tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas de los paramilitares en Colombia, en especial en la región de Urabá.
El veredicto, emitido tras una década de litigios, señala que Chiquita Brands no logró demostrar que los pagos realizados a las AUC fueron una respuesta a una amenaza inmediata e inminente. Además, se determinó que la empresa no pudo probar que no tenía otra opción razonable que brindar asistencia a este grupo paramilitar.
El tribunal consideró que la asistencia de la multinacional a las AUC constituyó una “actividad peligrosa” que incrementó los riesgos para las comunidades locales, más allá de los peligros habituales a los que estaban expuestas.
Entre las víctimas que serán reparadas con esta sentencia se encuentran Víctor Palencia Gómez, quien recibirá 2,4 millones de dólares por la muerte de su hijo Carlos Arturo Palencia Sibaja; y Janeth Rivera Vargas y Nini Johana Molina Rivera, esposa e hija de Albeiro Antonio Molina Román, quienes recibirán 2,1 millones de dólares cada una.
Marco Simons, asesor general de Earth Rights International, una de las organizaciones que presentaron la demanda en 2007, destacó la importancia del fallo: “Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune”.
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La sentencia confirma las acusaciones de que Chiquita Brands financió deliberadamente a las AUC para obtener ganancias, a pesar de los abusos contra los derechos humanos cometidos por este grupo. Los demandantes demostraron que las AUC mataron a las personas mencionadas en la demanda y que C. B. proporcionó asistencia sustancial en forma de pagos en efectivo y otros medios de apoyo.
Este veredicto marca un hito en la justicia, siendo la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una gran corporación por complicidad en graves abusos contra los derechos humanos en otro país. Chiquita Brands cerró sus operaciones en Colombia en 2004 y admitió en 2007 haber pagado 1,7 millones de dólares a los paramilitares, alegando que fue “bajo presión”. No obstante, los familiares de las víctimas sostuvieron que la empresa se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio.
En 2007, tras una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., la multinacional se declaró culpable de financiar a paramilitares en Colombia y fue multada con 25 millones de dólares. Sin embargo, no había indemnizado a las familias de las víctimas hasta el reciente fallo.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó este martes al sistema judicial de Colombia por no haber establecido la responsabilidad de la multinacional del banano Chiquita Brands International.
¿Por qué la justicia de EE. UU. pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá?
escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
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Según el dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, la empresa no demostró que “la asistencia que brindó” al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una “amenaza ilegal, inmediata e inminente” por parte de ese grupo terrorista.
Al respecto, Petro se preguntó hoy: “¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”, al referirse a que en el país no hay condenados por este caso.
Además, el jefe de Estado reiteró su idea de establecer un único tribunal de cierre de la verdad judicial dentro del conflicto armado interno, pese a que esa función ya la tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a instancias del acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC.
“Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos, es una declaración unilateral de Estado que nos compromete ante el mundo, habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial, ¿por qué no lo tenemos?”, concluyó Petro.
El analista León Valencia comentó:
“La condena en Estados Unidos a la Chiquita Brands, la empresa bananera que financió a los paramilitares en Urabá, es la ocasión para recordar cosas muy tristes. Primero: fue en Urabá, entre los años 1994 y 1998, donde se forjó el modelo paramilitar que luego se exportó a todo el país bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia, una alianza perversa entre políticos, empresarios, fuerza pública y criminales de la peor laya, para apoderarse del poder local, destruir a sangre y fuego las organizaciones sociales y controlar el territorio y los negocios legales e ilegales. Segundo: este modelo fue presentado al país por Álvaro Uribe Vélez en su tiempo de gobernador de Antioquia como un gran ejemplo de pacificación de una región. Tercero: en el momento culmen de este modelo, en los años 1997 y 1998, se produjo en Urabá la más alta tasa de homicidios del país, las masacres y el asesinato de sindicalistas. Cuarto: es una verdadera vergüenza que sea la justicia norteamericana y no la colombiana la que abra el camino para llevar a los tribunales al empresariado que orientó y financió tamaña matanza”.
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