El sector bananero colombiano atraviesa una crisis debido a las excesivas certificaciones requeridas y a los bajos precios internacionales. Los minoristas europeos continúan reduciendo el precio del banano mediante promociones, mostrando un desinterés por los esfuerzos de la agroindustria para cumplir con las políticas y certificaciones exigidas por los mercados.
“Estamos llegando al punto de vender un banano plastificado, saturado de sellos y certificaciones de sostenibilidad demandadas a nivel internacional. El aumento de costos no reconocidos por el mercado se ha convertido en un desafío latente para los productores bananeros. Reiteramos el llamado a unificar los criterios normativos que garanticen la producción sostenible y una verdadera responsabilidad compartida, mediante un precio digno que reconozca nuestra inflación y el aumento de los salarios”, afirmó Emerson Aguirre Medina, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura).
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En este contexto, Augura será ponente en el cuarto Foro de Banano Fairtrade, el evento más grande del mercado justo de banano, que se celebrará los días 21 y 22 de mayo en Santa Marta.
El objetivo de este foro es promover un diálogo global que involucre a todos los actores de la cadena de valor, abordando el impacto de las nuevas exigencias del mercado y fomentando el desarrollo competitivo del sector bananero colombiano en el contexto internacional.
Ante un público especializado compuesto por representantes de cadenas de supermercados, organizaciones de la sociedad civil, ministerios y agencias no gubernamentales, este evento se consolidará como una plataforma estratégica para sensibilizar sobre la realidad de la agroindustria bananera.
El sector bananero colombiano, de acuerdo con Augura, ha hecho grades esfuerzos para ajustarse a las demandas del consumidor y garantizar el cumplimiento de los rigurosos estándares de calidad en sostenibilidad ambiental, social y laboral, así como las perspectivas y retos futuros para esta agroindustria.
La situación actual del sector se desarrolla en un entorno donde los supermercados internacionales no han reconocido, mediante el precio, el aumento de los costos de producción ni la inflación del país. Los precios han permanecido similares durante los últimos 10 años, mientras que las exigencias en estándares y requisitos de sostenibilidad han aumentado, poniendo en riesgo la estabilidad económica y la generación de empleo en las zonas productoras de Colombia.
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