Por: Carlos Eduardo Vásquez - [email protected]
En el Oriente antioqueño y en nuestro país no sigue estudios superiores el que quiere sino el que puede. Y esto está mal, terriblemente mal, porque la formación superior no sólo debería ser viable y equitativa para cualquier persona, sino que también tendría que ser accesible para todos los colombianos.
Me explico, la exclusión educativa va más allá del costo de una matrícula, puesto que el Estado, a través de las gobernaciones y los municipios, podría subsidiar más matrículas en universidades privadas, como de hecho lo viene haciendo hasta ahora en una proporción relativamente baja.
Asimismo, el sector empresarial podría asumir un mayor compromiso con la educación superior, como lo hace actualmente la CEO, a través de su programa de becas en el Oriente antioqueño. Incluso, las mismas universidades privadas podrían aliviar el costo de las matrículas. Por ejemplo, en la UCO, el 39% de los estudiantes se beneficia de las becas y los subsidios, externos y propios, según datos de la oficina de Bienestar Universitario.
No obstante, mi planteamiento se extiende hacia otras formas de exclusión educativa que se pasan por alto con frecuencia. Me refiero a los aspirantes excluidos de la educación superior que no siguen su formación profesional por razones, no siempre inherentes a la matrícula.
Para empezar, la exclusión educativa incluye a aquellos que obtienen un bajo puntaje en los exámenes de admisión. Esto no es una apología al estudiante vago porque no siempre la problemática se relaciona con la falta de ganas sino con la ausencia de oportunidades. Cómo afirmar que todos los aspirantes a las universidades colombianas tuvieron las mismas oportunidades frente a la vida, si definitivamente, no es igual estudiar en una vereda alejada del casco urbano de un pueblo donde algunos profesores consideran que es un castigo enseñar, que estudiar en un colegio moderno con profesores motivados, instalaciones adecuadas y recursos bibliográficos suficientes.
De la misma manera, quienes viven en lugares alejados de las instituciones de educación superior de la Región también son excluidos. Los estudiantes de los municipios del Altiplano tienen un transporte asegurado casi a cualquier hora del día y su tiempo de viaje no sobrepasa los 30 minutos, pero qué sucede con aquellos que viven en municipios a más de dos horas de las universidades más cercanas. ¿Es posible para ellos subsanar esa distancia de cuatro horas diarias y aun así estudiar una carrera?
Y son excluidos aquellos que deben trabajar más de ocho horas diarias para sostener a sus familias y no tienen posibilidad de dejar la fuente de su sustento para adaptarse a los horarios de los centros educativos. En este grupo están, por ejemplo, las madres solteras o las mujeres cabezas de hogar. Qué alternativa hay para ellas o para el joven que trabaja turnos de 12 horas y descansa tres días cada tres semanas.
Sujetos de exclusión educativa son también aquellos pobladores del Oriente antioqueño que tienen discapacidades físicas. No me refiero a quienes sufren una disminución de su capacidad cognitiva, sino a aquellos que tienen problemas de movilidad o dificultades visuales y auditivas. Hay casos excepcionales en nuestras aulas, pero de lejos se percibe que son verdaderos guerreros contra una urbe, unas edificaciones y unos recursos educativos pensados para gente sin limitaciones físicas. Su lucha no es solo para sobresalir en un ambiente académico, sino para sobrevivir en un ambiente hostil y peligroso para un discapacitado.
Ni hablar de aquellos jóvenes que no han definido su situación militar. Muchos entran con dificultad a la universidad, pero descubren que no hay manera de recibir su grado de profesionales si no tienen la libreta militar. Y yo me pregunto: ¿Qué clase de país es este en el cual la disposición para disparar un arma contra otro ser humano se equipara con la posibilidad de superarse a través de la formación profesional? ¿Es que acaso este territorio necesita menos mentes brillantes y más brazos que carguen un fusil?
Los que no están dispuestos a estudiar carreras de moda o coherentes con las dinámicas del mercado también forman parte de los excluidos. Para ellos no hay una oferta educativa suficiente, pues amparados en el concepto de pertinencia académica, muchos centros de educación superior no ofrecen ciertas carreras que le permitan a esta minoría realizarse profesionalmente. Claro, queda la estrategia de irse de la región, pero justamente la idea de contar con un mayor porcentaje de profesionales en el Oriente implica retener a nuestros talentos. Ellos son los líderes del futuro y los necesitamos viviendo los procesos regionales de cerca.
Es hora de que los actores de la educación del Oriente antioqueño nos reunamos en torno al tema de la exclusión educativa y de que encontremos alternativas regionales viables para subsanarla. Si los recursos están en el Estado, pues vamos por ellos, y si están en la Gobernación o los gobiernos municipales, entonces, qué es lo que están haciendo nuestros dirigentes políticos al respecto.
Se acerca un tiempo electoral en Colombia y nuevamente nos lloverán promesas de toda índole para capitalizar todo el potencial electoral que ofrece el Oriente antioqueño. ¿Qué opinan si de una vez por todas, empezamos a votar por propuestas y no por prebendas y favores políticos? La inclusión educativa es una verdadera apuesta de la región por el desarrollo. Se requiere, eso sí, de un acuerdo de voluntades, de establecer políticas públicas que protejan el derecho a la educación, de proyectos de responsabilidad social por parte de las empresas asentadas en la región, de estrategias conjuntas para ampliar la cobertura educativa y de proyectos de formación virtual que faciliten la entrada de los aspirantes universitarios a los claustros.
Para terminar, sueño con una sociedad donde la universidad pública exista simultáneamente con la universidad privada, de tal forma que las debilidades de la una sean suplidas por la otra y viceversa. Lo importante es comprender que la educación superior no es un asunto del Estado, de la Iglesia o de los particulares, sino que es un tema de corresponsabilidad entre los distintos actores sociales. Lo opuesto a la exclusión educativa no es la inclusión...
Lo opuesto a la exclusión educativa es el desarrollo sostenible de una región.
