En Colombia, el embargo es una medida legal que se aplica a quienes incumplen sus obligaciones financieras, permitiendo la retención de bienes para garantizar el pago de una deuda. Sin embargo, la legislación establece ciertas excepciones con el fin de proteger la dignidad y el bienestar de los deudores.
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De acuerdo con el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), los bienes considerados inembargables incluyen:
- Salario mínimo legal: No puede ser objeto de embargo, salvo por pensiones alimenticias hasta un porcentaje determinado.
- Herramientas de trabajo: Elementos esenciales para el ejercicio de una profesión u oficio.
- Seguridad social: Recursos destinados a salud y pensiones.
- Servicios públicos: Fondos destinados al pago de estos no pueden ser embargados.
- Elementos de subsistencia: Bienes básicos para la vida cotidiana.
- Vivienda familiar: Bajo la figura de patrimonio de familia, se protege contra embargos en ciertos casos.
- Auxilios de cesantía
- Indemnización por accidente de trabajo
El objetivo de esta normativa es evitar que una persona quede en una situación de extrema vulnerabilidad al enfrentar un proceso judicial.
¿Cómo funciona el proceso de embargo?
El embargo debe ser autorizado por un juez y sigue tres etapas principales:
- Aviso al deudor: Se le informa sobre la deuda y la obligación de pago.
- Demanda y proceso judicial: La entidad o persona afectada presenta la solicitud ante un juez.
- Ejecución de la sentencia: Si se dicta fallo en contra del deudor, se procede con el embargo de bienes embargables como inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y valores financieros.
Dado que este es un proceso legal complejo, contar con asesoría jurídica es fundamental para conocer los derechos y medidas de protección disponibles.
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