Apartes de la demanda instaurada por la Gobernación de Antioquia. Tomada de El Colombiano.
La Gobernación de Antioquia radicó este lunes 3 de febrero ante el Consejo de Estado una demanda contra la resolución 000377 del 26 de diciembre de 2024, emitida por el Ministerio de Agricultura, que delimitó 249.617 hectáreas en 23 municipios del Suroeste antioqueño como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
El gobierno departamental argumentó que la medida vulnera principios constitucionales, legales y convencionales, afecta la autonomía de los municipios y genera inseguridad jurídica en la región. Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la resolución representa una injerencia del Gobierno Nacional en la planeación territorial de los municipios, restringiendo actividades económicas como la ganadería, la minería y el turismo.
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La controversia sobre las APPA se intensificó tras la publicación de la resolución, que establece áreas de interés nacional para la producción de alimentos en municipios como Amagá, Andes, Jericó, Urrao, y Támesis, entre otros. La Gobernación y sectores productivos han manifestado su preocupación por el impacto de la medida en la competitividad y el desarrollo económico de la región.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha defendido la normativa, argumentando que busca garantizar la seguridad alimentaria sin restringir el uso del suelo ni imponer limitaciones a otras actividades económicas. Sin embargo, gremios como el Comité Intergremial de Antioquia advierten que la resolución podría generar incertidumbre y afectar el tejido empresarial del Suroeste.
Este debate será central en la reunión programada para el 5 de febrero en Támesis, donde funcionarios del Gobierno Nacional y departamental discutirán los alcances de la medida y su impacto en la región. La decisión del Consejo de Estado sobre la demanda de la Gobernación podría definir el futuro de esta polémica regulación.
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