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Organizaciones de derechos humanos en Colombia cuestionan la apelación presentada por la multinacional Chiquita Brands en un tribunal de Estados Unidos, donde fue condenada recientemente a pagar 38 millones de dólares a familiares de víctimas del conflicto armado en Urabá. La empresa busca revertir el fallo, argumentando que fue víctima —y no promotora— de la violencia en esa región.
La Fundación Forjando Futuros, que representa a las víctimas en el proceso, aseguró que los argumentos de la empresa carecen de fundamento. Gerardo Vega, abogado de la fundación, afirmó que Chiquita intenta desviar la atención al señalar presuntas extorsiones por parte de guerrillas y paramilitares, negando cualquier responsabilidad directa en los homicidios ocurridos mientras operó en la zona a través de su filial Banadex.
“La empresa niega pruebas que han sido expuestas durante años y pretende deslegitimar testimonios claves, alegando manipulación. Pero los hechos son contundentes: hubo financiación sistemática a grupos armados ilegales”, indicó Vega.
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Entre 1994 y 2007, periodo en el que Chiquita Brands tuvo presencia activa en el Urabá antioqueño, se registraron más de 5 600 asesinatos. La compañía es señalada por presuntamente haber transferido dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura paramilitar que operaba en esa región, con el pretexto de garantizar seguridad para sus operaciones comerciales.
Según información recopilada por la Comisión de la Verdad, las relaciones entre empresas bananeras y grupos armados fueron parte de una estrategia de control territorial en Urabá. En declaraciones oficiales, exjefes paramilitares como Hébert Veloza, alias HH, afirmaron que las autodefensas incluso facilitaron el transporte de drogas utilizando contenedores destinados a la exportación de banano.
A pesar de la condena impuesta, Chiquita Brands insiste en que no existen pruebas que la relacionen directamente con crímenes concretos. Sin embargo, las víctimas consideran que esta apelación es una estrategia para dilatar la justicia y evitar la reparación.
“Lo que buscamos no es solo una compensación económica, sino que se reconozca la responsabilidad de quienes se beneficiaron del conflicto. Esta apelación es un intento de reescribir la historia”, concluyó Vega.
La decisión definitiva sobre la apelación será clave para definir si las multinacionales que operaron en contextos de violencia deben responder legalmente por su papel en el conflicto armado colombiano.
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