La fundación Sumapaz, a través del informe “El Arte de Contar Muertos y La Cuenta Triste de Líderes y Lideresas Sociales Asesinados en la Antioquia Profunda, Urbana y Rural”, denunció que, en el primer semestre del 2025, al menos 9 líderes sociales antioqueños han sido asesinados y 97 han sufrido agresiones, lo que lo ubicó en el segundo puesto en cuanto a líderes asesinados en Colombia. Según otra Organización No Gubernamental, Indepaz, la cifra puede ascender a 13 homicidios.
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Los hechos, según indicaron, configuran una crisis estructural que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos (PDDHH) en Antioquia y demuestran la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de líderes y lideresas frente a agresiones sistemáticas impulsadas por grupos armados ilegales como Clan del Golfo, Disidencias, ELN, Oficina del Valle de Aburrá, entre otras.
Se registraron 97 agresiones en las nueve subregiones de Antioquia, con el Valle de Aburrá (51 casos), Suroeste (17) y Nordeste (11) como las más afectadas. Los riesgos que enfrentan son amenazas (27), homicidios (9), desplazamientos forzados (9), desapariciones (7) y secuestros (7), entre otros.
“En el Oriente de Antioquia, la reconfiguración de grupos armados, el narcotráfico y la gentrificación han ampliado su influencia en cada uno de sus municipios, ello sumado al incremento en las zonas de cultivos de uso ilícito. Esta situación da lugar a conflictos territoriales exacerbados por políticas regresivas que afectan a las comunidades, degradan el medio ambiente y comprometen la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos (PDDHH)”, indica el informe sobre el Oriente de Antioquia, donde se registraron tres agresiones a líderes.
Denuncian que las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) son insuficientes: de 90 solicitudes en Medellín, 40 no fueron atendidas de manera efectiva, 20 están en trámite, y 5 casos, sufrieron peligrosos desmontes de sus medidas de protección.
Por lo descrito, desde la fundación Sumapaz recomendaron al Estado aumentar el presupuesto de la UNP, agilizar los análisis de riesgo, luchar contra la impunidad y garantizar la vida y seguridad de aquellos que lideran a sus territorios en el departamento.
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