Elí Mejía Mendoza, más conocido como Martín Sombra, murió en Bogotá en el hospital El Tunal, dejando un legado marcado por el secuestro, el conflicto armado y la controversia en los espacios de justicia transicional.

Reconocido como uno de los principales responsables del sistema de retención ilegal en las filas de las Farc, su nombre se asoció a la custodia de varios rehenes emblemáticos, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y la abogada Clara Rojas.
Su trayectoria en la guerrilla se inició en el frente 4 del Magdalena Medio, pero alcanzó notoriedad cuando fue designado por el secretariado para liderar el bloque Ciro Trujillo, en Casanare.
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Desde allí, implementó mecanismos de secuestro con fines de intercambio, una práctica que se replicó en distintas estructuras insurgentes. Entre sus acciones más recordadas están las tomas en bases militares del Meta y el control de un campamento clandestino en los Llanos del Yarí, conocido como “Cárcel Segura”.
Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, alias Martín Sombra accedió a beneficios judiciales bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, fue recapturado en 2020 en Bogotá por su presunta participación en un secuestro extorsivo cometido a finales de 2019 en San Vicente del Caguán, donde un ganadero fue raptado junto con alias K-fir, otro excombatiente de la Teófilo Forero. A pesar de las exigencias de 800 millones de pesos para su liberación, la víctima continúa desaparecida.
Durante su paso por la JEP, Elí Mendoza fue duramente cuestionado por organizaciones de víctimas debido a inconsistencias en sus declaraciones. En 2023, generó polémica al afirmar que la masacre de Mapiripán había sido responsabilidad de las Farc, contradiciendo versiones judiciales previas que atribuían el hecho a grupos paramilitares con apoyo militar. Además, deslindó de culpa al general (r) Rito Alejo del Río, lo cual fue interpretado como una estrategia para desviar responsabilidades históricas.
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Aunque la JEP decidió en 2024 no excluirlo del proceso de justicia transicional, argumentando que su falta de asistencia a algunas audiencias se debía a su estado de salud y reclusión, el balance de su cooperación fue ampliamente criticado. Las víctimas esperaban confesiones plenas y actos de verdad que no se materializaron, según denunciaron.
Martín Sombra falleció sin haber saldado completamente sus deudas con la justicia. Su figura, símbolo de la crudeza del secuestro durante el conflicto armado colombiano, permanece como un testimonio complejo de los retos que enfrenta el país en la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas.
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