En la noche de ayer 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la ponencia que se radicó en la Comisión Séptima del Senado para archivar la reforma laboral, y que, con la firma de ocho de los 14 congresistas que la integran, aseguraría el hundimiento del proyecto.
El jefe de Estado se quejó de un supuesto bloqueo institucional, mismo que sería responsable del estancamiento de las reformas de su Gobierno. Hasta ahora, del paquete reformista con el que llegó a la Presidencia, solo la reforma pensional logró la aprobación en el Congreso —pero todavía está en trámite en la Corte Constitucional—.
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Por lo anterior, Gustavo Petro anunció que convocará una consulta popular, un mecanismo que, según espera, permitiría que el debate llegue a la plenaria del Senado y no se agote en las comisiones. Esta consulta incluiría la reforma a la salud, ya aprobada en la Cámara de Representantes, pero que pasará a estudio ante los mismos senadores de la Comisión Séptima.
El Gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud (…) Que sea el pueblo el que decida
dijo el mandatario.
El proceso para que se convoque a una consulta popular sería, sin embargo, otro desafío para el Gobierno Petro. Inicialmente, según establece la ley, se necesitaría de la firma de todos los ministros y la aprobación en la plenaria del Senado. En caso positivo, habría una votación en un plazo máximo de tres meses después del concepto afirmativo del Senado, y para que sea válida debe participar la tercera parte del censo electoral en Colombia (alrededor de 13 millones de ciudadanos). Igualmente, la mayoría de los sufragantes deberían votar a favor de la consulta para que se cumpla el propósito del jefe de Estado.
Otro aspecto a considerar sería el costo económico de sacar adelante ese mecanismo. Un referente cercano es la consulta popular anticorrupción de 2018, que tuvo un costo de $310 479 millones, según el Consejo Nacional Electoral.
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No obstante, el presidente Petro cree que este es el mejor camino para las reformas sociales, de modo que sea el pueblo colombiano el que tome la decisión.
“Vuelve a pasar por el Senado, pero en una comisión no de ocho, sino de su plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa (…) Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país, porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura”, concluyó.
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