A propósito de la crisis en la frontera colombo-venezolana.
La política exterior latinoamericana, especialmente, Colombia, Venezuela y Ecuador, estuvo durante el primer decenio del nuevo milenio, marcada sin lugar a dudas por gobiernos tan personalistas, que incluso, difiriendo radicalmente uno de otro en materia política, económica e ideológica, lograron el apoyo y clamor incondicionado de una mayoría aplastante de su pueblo. Ondeando diferentes finalidades, centrada cada una de ellas en un problema específico por nación, se conformaron gobiernos populistas, que repitiendo el mismo discurso lograron aflorar sentimientos patrióticos que no dejaban ver hasta cierto punto, las dificultades que posturas radicales van dejando a su paso, y algunas que convirtiéndose en autoritarias, llegaron incluso a ser reivindicadas en nombre del beneficio estatal.
Este último caso, es referido a Venezuela, un país al que sin duda el discurso antiyanquie mantuvo calmado por un tiempo las peripecias que con la revolución inicialmente se movilizaron; la disputa antiuribista y el buen contexto económico para Chávez durante el periodo de 2004-2007 lo consolidaron, pero a finales de su mandato, al acercase la muerte, ya se sentirse latente que era un líder quien sostenía la revolución, y que las dificultadas comenzadas en 2008 -y ya claras en 2012 por la alta inflación- iban a ser exacerbadas tanto con su partida como con la posición megalómana de su predecesor.
Pues bien, hoy estamos viendo las consecuencias. Sin un gobierno revanchista como el de Álvaro Uribe, sino uno conciliador y diplomático como el de Juan Manuel Santos, cada vez es más complejo para el gobierno venezolano, delegarle responsabilidades externas a situaciones que claramente él ha forjado por el mal manejo de su revolución en los últimos años y las dificultades exógenas por las que actualmente puede pasar una economía que dependiendo casi el 96% de su presupuesto de la venta del petróleo, pasó de vender a 80 dólares el barril de a hacerlo en 39.6 dólares.
Lo anterior, acompañado de la poca inversión extranjera en el país, y la creciente necesidad del gobierno de importar sus productos básicos en un escenario donde el dólar cada vez sube más, ha creado un racionamiento de divisas tal, que ha llevado un la devaluación del bolívar que ocasiona menos capacidad de compra para los venezolanos y una inflación galopante al ser los productos que entran más costosos que antes.
A lo anterior hay que sumarle, que en ese racionamiento el gobierno le ha dado un valor al dólar que oscila en 6,3 bolívares, sin embargo, en el mercado negro, y especialmente en “dólar today” una página de internet extraoficial donde se calcula el valor del dólar en Venezuela y se vende en Cúcuta , este para la fecha está valiendo 727,6 bolívares, lo que permite a quien accede a estos, comprar productos, que precisamente por el control de precios del estado los tiene con precios astronómicos. Es decir, Venezuela subsidia algunos alimentos que considera básicos de la canasta familiar, esto hace que sean más baratos y que los productores deban venderlos a estos mismo precios, por lo cual desincentiva su producción, y provoca una escasez de los productos. Los consumidores terminan pagando precios más altos que el precio de mercado. El control de precios tiene como corolario precios más altos de los productos de primera necesidad y escasez de los mismos por el desincentivo a producirlos
Finalmente y por la necesidad de este subsidio, Venezuela ha caído en déficit fiscal de más del 15% del PIB, por lo cual el gobierno ha promovido varias emisiones monetarias, que al mismo tiempo producen un fenómeno de inflación catastrófico para este país. Lo anterior entonces ha permitido fenómeno de corrupción que por esta situación se presentan en la frontera venezolana, tanto con la venta de dólares pero fundamentalmente con el contrabando de alimentos baratos subsidiados por el gobierno que realmente son 4 o 5 veces más económicos.
Así pues, el problema del país vecino es entonces estructural, no tiene que ver con políticas implantadas por Colombia, que incluso ve afectado a los productores cucuteños y en general del Norte de Santander con estas mercancías a tan bajo costo. Sin embargo, pese a lo anterior, el día 19 de agosto de 2015, y tras quedar tres militares heridos en combates con contrabandista el 30 de julio, el presidente Nicolas Maduro decide cerrar los 2.219 kilómetros frontera con Colombia, arguyendo que los graves problemas que tiene su país son causados por estos nacionales, que con el contrabando están dejando a Venezuela sin insumos, y que además muchos de estos tienen planes en contra de él y fraguan un posible golpe de estado siendo paramilitares encubiertos. A esta operación se le denominó (OLP) u operación liberación del pueblo, la cual empezó desde entonces con un éxodo masivo de colombianos del Estado de Táchira hacia Colombia.
Según la cancillería colombiana, en esta operación, han sido expulsados 751 adultos del país vecino y 612 niños repatriados tras la decisión de decretar el estado de excepción, que le permite incluso a los militares allanar viviendas son orden judicial. Con mensajes xenófobos, el presidente venezolano culpa a los colombianos de la situación que ocurre en su país, deportándolos por motivos nacionales, lo cual vulnera el derecho internacional y el Estatuto de Roma en su artículo 7 , pues aunque hayan sido bajo la legalidad de la constitución venezolana y legitimidad internacional en tanto la mayoría son ciudadanos en situación ilegal, claramente Maduro a expuesto argumentos a viva vos que implican la persecución a esta colectividad por su origen, y no se les ha respectado los derechos fundamentales, que a pesar de no ser nacionales, tienen por ser seres humanos, tal y como lo promulgan diferentes instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, ACNUR y otras ONG’s que luchan a diario por esta causa.
Por otra parte, lo que está sucediendo hoy en la frontera va en contravía de LEY DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN N° 37. 944 24 de mayo del 2004 que suprimió el artículo 13 del proyecto que ley que le dio que le dio vida a esta que subsiste, y que decía claramente que:
“Artículo 13. El Ejecutivo Nacional, por órgano del ministerio competente, por razones de orden público y seguridad de la Nación, podrá, excepcionalmente, dictar mediante acto motivado, las siguientes medidas: 1. De presentación periódica a la autoridad que se señale. 2. De alejamiento de fronteras o núcleos de poblaciones delimitadas. 3. De residencia obligatoria en un lugar determinado.”
Donde se observa que, como lo plantea la Comisión Permanente de Política Exterior venezolana , que esta disposición colide con el artículo 21, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe hacer discriminaciones fundadas en la raza, sexo, credo o condición social, o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona, igualmente es violatoria del artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto restringe y limita el derecho a transitar libremente por el territorio de la República, así como cambiar o fijar residencia, asimismo contradice lo dispuesto en la Resolución Nº 57/218 de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre Protección de los Migrantes, la cual establece la no discriminación de los mismos. A su vez, el establecimiento del alejamiento de las fronteras o núcleos de poblaciones delimitadas contradice lo estatuido en la Decisión 545 del Instrumento Andino de Migración Laboral, cuyo último párrafo establece que “se garantizará a los trabajadores de temporada la protección y facilidades que requieran para sus actividades laborales y, en especial, la movilidad para la entrada y salida a la iniciación y a la terminación de las labores que van a desarrollar”.
Sin embargo la misma comisión señala que es menester tener presente que la toma de medidas por razones de orden público, así como de seguridad y defensa de la Nación está sujeta a la legislación especial que regula la materia como es la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.261, de fecha 15 de agosto de 2001, lo que justificaría las acciones por parte del presidente Maduro, al este esgrimir que se está luchando en aras del interés nacional en contra del paramilitarismo fronterizo y su intensión de golpe de estado, además de protegiendo la ciudadanía venezolana de los contrabandistas y famosos “bachaqueros”.
Hay que recordar además que La Asamblea Nacional venezolana a principio del 2015, aprobó en primera discusión una ley que le da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para legislar en diferentes ámbitos y garantizar la defensa del país. La legislación especial, que es la segunda que recibe Maduro en casi dos años de gobierno, se centrará en la protección contra la injerencia de otros estados, acciones bélicas y cualquier otra actividad que pretenda violentar la paz y el funcionamiento de las instituciones, lo que ha facilitado actos en contra de la democracia y los derechos humanos como los que actualmente se cometen con los colombianos en la frontera.
Se plantea entonces hasta qué punto, las medidas altamente autoritarias e incluso absolutistas que ha tomado el presidente Venezolano, no pueden asimilarse con aquellas que como lo dice Maurice Godelier, tomaron las monarquías del siglo XVI al ir viendo cómo se iba cayendo el sistema social que mantenía su proyecto político y económico, tras las diferentes manifestaciones e inconformidades de las diferentes clases que los sostenían. La presión económica que está cayendo sobre Venezuela, tras una mala implementación del proyecto socialista, ha bajado su popularidad al punto, que se tiende a ver una posible perdida en las legislativas que se llevaran a cabo en diciembre del 2015, por lo que la situación con los colombianos en la frontera, se presenta como una cortina de humo, cara a esta inconformidad, que desplaza los problemas al exterior, y crea una estrategia xenófoba que puede exacerbar el sentimiento nacionalista de quienes mantienen el amor por la revolución y recuerdan a la Venezuela chavista.
La situación finalmente afecta es directamente a los colombianos, a quienes 1. el gobierno venezolano les está vulnerando los derechos humanos en el marco de la crisis revolucionaria, al tiempo que, 2. el oportunismo político que empiezan a ser usados por candidatos colombianos de oposición al gobierno, ha avivado más la problemática, y en búsqueda de votos para la municipales y departamentales de octubre, hace más difícil una solución diplomática a este diferendo que, 3. por lo demás, ha sido descuidado por el actual presidente Juan Manuel Santos, quien ha concentrado esfuerzos en otros temas de la agenda nacional, olvidando este, que además del anterior, la salud, la educación, la corrupción y la megamineria son problemas que también afectan a Colombia.
Filósofa de la Universidad de Antioquia, Candidata a magister en Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín, docente Universidad de Antioquia y Universidad Católica de Oriente.
