El salario mínimo a $2 millones: entre la teoría y la incertidumbre

El salario mínimo no puede convertirse en el único instrumento de política social, y mucho menos cuando se usa como herramienta electoral”

Por John Chica. Colaboración con Oriente Capital (@oriente.capital).

Comencemos por una verdad incómoda: a los economistas nos exigen adivinar el futuro, pero no podemos hacerlo. El decreto presidencial que fija el salario mínimo en $2 000 000 para 2026, con un incremento del 23,7 %, ha generado un coro de opiniones divididas que ilustra perfectamente la naturaleza de nuestra profesión. No nos ponemos de acuerdo en cuál es la mejor decisión porque, sencillamente, no hay una sola forma de llegar del punto A al punto B.

Los economistas, así como los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, estamos hechos para sufrir. No nos dejan descansar ni el último día del año, nos culpan por lo sucedido y dicen que no podemos pronosticar bien ni siquiera el pasado. Aun así, se nos consulta en este tipo de situaciones, y para eso estamos acá: para realizar un análisis que ojalá sea lo más útil, objetivo y técnico posible, porque realmente parte del problema surge de la politización de las decisiones económicas.

El dilema fundamental

La economía enfrenta constantemente dos objetivos que pueden entrar en tensión: el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad. A veces ambos se alinean virtuosamente, otras veces se contradicen de manera dolorosa. El aumento del salario mínimo encarna perfectamente esta disyuntiva. ¿Estamos ante una medida redistributiva necesaria o ante un shock de costos que terminará perjudicando a quienes pretende beneficiar? Los efectos están por verse, y la honestidad intelectual nos obliga a reconocer que nadie tiene certezas absolutas.

Lo que dicen los economistas locales

Consulté con varios colegas que ocupan posiciones importantes en el sector académico, empresarial, institucional y financiero. Sus perspectivas revelan una preocupación casi unánime, aunque con distintos matices.

Alonso Berrío Cárdenas, docente jubilado de Macroeconomía de la Universidad Nacional y una eminencia en materia macroeconómica, es tajante: “Populismo. Subir más allá del 5 % sobre el IPC es de las peores ideas que puede tener un gobierno”. Su argumento es claro: solo 2,4 millones de trabajadores recibirán ese aumento directamente, pero el alza de precios afectará a todos. Proyecta que la inflación podría trepar al 10 % o 15 %, cuando estaba en el 5 %. Para Berrío, se trata de “pura demagogia” con la vista puesta en las próximas elecciones.

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Darwin Palacio, economista de la Universidad de Antioquia y líder de proyectos de entidades gremiales del Valle de Aburrá, profundiza en la segmentación del mercado laboral: de los 24 millones de ocupados, apenas 2,4 millones ganan exactamente el mínimo, mientras que más de 10 millones ganan menos. “Con esa noticia son alejados de la formalidad”, advierte, señalando que ahora será mucho más difícil para la micro y pequeña empresa sostener esos costos. El efecto perverso: incentivar la informalidad, la automatización y elevar el costo de vida. Palacio es contundente: “Este tipo de medidas son claramente populistas ya que lo que se debe buscar es la mejora de la productividad y la conservación del salario real”. Advierte sobre la ilusión monetaria: inicialmente puede aumentar el consumo, pero espera despidos masivos y graves consecuencias en el mediano y largo plazo.

Abraham Ciro, economista de la Universidad Nacional, especialista en finanzas de la Universidad EIA y docente de posgrados con amplia experiencia en tesorería y mercado de capitales, calcula que técnicamente el incremento debería ser cercano al 6 % (inflación 5,1 % + productividad 0,9 %). “Estaría bien sumar algunos puntos porcentuales, pero sumarle 17 puntos significa que las empresas pedirán mayor productividad a sus empleados, o ser productivos con menos recursos humanos”, explica. La consecuencia inevitable: reducir costos laborales, lo que implica tecnificar, digitalizar y automatizar procesos, reducir la mano de obra. No es lo que quieren las empresas, pero probablemente se vean presionadas a hacerlo. Además, advierte que esto significa “incumplir las metas de inflación planteadas por el Banco de la República, lo que seguramente se traduzca en tasas de interés más altas”.

Alejandro Ríos González, economista de la Universidad de Antioquia, especialista en proyectos de la Universidad Eafit y en alta gerencia de la Universidad de Medellín, y exsecretario de Desarrollo Económico del municipio de La Ceja, reconoce que inicialmente será una buena medida para quienes ganan el mínimo, “pero al no estar sustentado en un crecimiento real de la economía, en capacidad productiva, simplemente se dará un incremento en los costos de producción”. Prevé mayor informalidad en el mediano plazo y potenciales cierres de empresas en el largo plazo. “Se entiende esta medida como una decisión buscando favorabilidad política para obtener votos en las próximas elecciones, porque técnicamente no hay cómo sustentar este aumento”, concluye.

Alba Lucía Restrepo, economista de la Universidad de Antioquia, magíster en Gobierno de la Universidad de Medellín y coordinadora del programa de Comercio Exterior de la Universidad Católica de Oriente, investigadora y docente en macroeconomía y finanzas públicas, resume la tensión central: “Muy bueno para los trabajadores que ganan el mínimo, pero el incremento en la productividad aquí no da para cubrir ese incremento tan alto. Ojalá no incremente demasiado el desempleo”. Señala que hay muchos bienes y servicios indexados al salario mínimo que generarán presiones inflacionarias.

Sebastián Bedoya, economista de la Universidad de Antioquia, magíster en Finanzas de la Universidad Eafit y científico de datos en una de las instituciones financieras más importantes del país, introduce un matiz valioso basado en la evidencia empírica: “Ya se ha demostrado, no solo en Colombia, sino en la literatura, que subir el mínimo no genera demasiada inflación, entonces por ese lado no me preocupa tanto”. Sin embargo, reconoce que los comercios, restaurantes y mipymes serán los más afectados en los primeros meses. También menciona el efecto psicológico: “Para quienes no nos ganamos el mínimo y cuyo aumento el próximo año no va a ser tan alto, nos pega en términos relativos y nos hace sentir que nos estamos ‘empobreciendo’, pero es solo un tema de comparación”.

Sebastián Tabares, economista de la Universidad de Antioquia y especialista en finanzas del ITM, con importante trayectoria en evaluación financiera de proyectos, considera la medida “discutible” y señala que mejora la calidad de vida de algunas personas. “El problema es que ese aumento se traslade inmediatamente a vivienda, seguridad social, etc.”, dice. Propone desindexar del salario mínimo y ajustar por inflación como solución necesaria. También advierte que “si no da alivio a los pequeños empresarios bajando los impuestos se van a perder empleos formales”.

Una directora de oficina de un importante banco del país, economista de la Universidad Nacional que prefiere omitir su nombre por lineamientos corporativos, señala: “Un aumento elevado del salario mínimo puede generar presiones inflacionarias al incrementar los costos laborales, los cuales tienden a trasladarse a los precios finales. Esto podría obligar a mantener tasas de interés más altas, afectando negativamente la inversión, el crecimiento económico y, en consecuencia, el PIB. Es clave que cualquier ajuste al salario mínimo considere el equilibrio entre protección del ingreso real de los trabajadores, control inflacionario y sostenibilidad del crecimiento económico”.

La voz de los gremios

Los sectores productivos han expresado su preocupación de manera contundente. Asobancaria advierte que por cada punto porcentual de incremento del salario mínimo que supere los criterios técnicos, la inflación puede aumentar entre 10 y 16 puntos básicos. Con el ajuste del 23,7 %, estiman un impacto inflacionario de entre 165 y 263 puntos básicos.

La Andi cuestiona el proceso: la falta de concertación en la comisión tripartita y la introducción unilateral del concepto de “ingreso mínimo vital” sin una conversación abierta de toda la sociedad. Además, señalan que cada punto porcentual de aumento representa un gasto fiscal adicional cercano a $400 000 millones.

Camacol alerta sobre un efecto específico y preocupante: el precio de la vivienda de interés social, definido en salarios mínimos, aumentará automáticamente. Estiman que el impacto agregado en el precio de la vivienda podría acercarse al 10 %. “Es un buen eslogan, pero una mala política”, sentencia su presidente Guillermo Herrera.

El contraste con la teoría económica

Aquí la historia se complica. David Card, premio nobel de economía 2021, revolucionó nuestra comprensión del salario mínimo con su célebre estudio en Nueva Jersey. Card encontró que aumentos moderados del salario mínimo tienen efectos mínimos o nulos sobre el empleo, contrario a lo que predecía la teoría clásica. “La subida del salario mínimo no crea ni destruye valor, solo lo redistribuye”, afirma.

Sin embargo, otros premios nobel mantienen la postura tradicional. James Buchanan consideraba el salario mínimo como una interferencia perjudicial en el mercado, mientras que Gary Becker argumentaba que reduce oportunidades para trabajadores menos calificados. David Neumark ha presentado estudios que encuentran efectos negativos en el empleo, especialmente para jóvenes y personas con menor educación.

La palabra clave en Card es “moderados”. ¿Un aumento del 23,7 % califica como moderado en un país donde la inflación es del 5,1 % y la productividad apenas del 0,9 %? Probablemente no.

Contexto histórico e hipocresía política

Vale la pena recordar que politizar el incremento del mínimo no es nuevo. En 2022, el presidente aumentó el salario 10,07 % cuando la inflación había sido 5,6 %. La decisión también fue preelectoral, aunque no tan desproporcionada como la actual. En décadas pasadas tuvimos aumentos de dos dígitos que casi siempre significaron inflaciones altas, hasta llegar a la crisis de 1998. Desde entonces habíamos mantenido un estricto control inflacionario, exceptuando momentos de choque como la pandemia.

Los efectos probables

Aunque no podemos predecir con certeza, hay algunos efectos que la teoría y la evidencia sugieren como altamente probables:

Sobre la informalidad: Las empresas pequeñas que básicamente subsisten para pagar salarios decidirán cerrar o contratar por prestación de servicios. Esto contribuirá a la informalidad laboral y empresarial. Los aportes a seguridad social independiente aumentarán, entonces menos personas probablemente aportarán al sistema.

Sobre el empleo: Las empresas se verán tentadas a contratar menos. Buscarán que la gente sea más productiva, y de lo contrario despedirán. Muchos empleos se intentarán reemplazar con inteligencia artificial, digitalización y automatización.

Sobre la inflación: Aunque Card sugiere que los efectos inflacionarios son pequeños cuando se trata de aumentos moderados, un incremento de esta magnitud inevitablemente presionará los precios. Hay demasiados bienes y servicios indexados al salario mínimo, directa o indirectamente.

Sobre las finanzas públicas: El costo fiscal adicional es considerable, en un momento donde el país enfrenta serias restricciones presupuestales.

Sobre el sector financiero: El Banco de la República probablemente tendrá que mantener o incluso subir tasas de interés, frenando el crédito y la inversión.

La paradoja del salario mínimo vital

La OIT define el salario mínimo vital como la remuneración que permite a un trabajador y su familia satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, educación, salud, transporte. Va más allá del simple salario mínimo legal y busca garantizar un nivel de vida digno.

Es un ideal noble. El problema es que, en Colombia, con 11,4 millones de personas ganando menos del mínimo (49 % de los ocupados) y solo 2,4 millones ganando exactamente el mínimo (10 % de los ocupados), un decreto presidencial no puede cambiar mágicamente esa realidad. El DANE reporta que en el último año aumentó en 1,2 millones el número de personas que ganan menos de un mínimo, mientras que quienes reciben exactamente esa remuneración disminuyeron en 1,3 millones. Esto evidencia un deterioro en la calidad del empleo que un decreto no resolverá.

Reflexión final

Entre el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad, entre la lógica del mercado y la justicia social, entre la teoría de Card y las advertencias de los gremios, estamos atrapados en la incertidumbre. Lo que sí sabemos es que mejorar el ingreso de quienes están en el empleo formal no puede hacerse a costa de frenar la generación de nuevos empleos, presionar la inflación y encarecer servicios esenciales como la vivienda.

La protección del ingreso y la reducción de la pobreza requieren una estrategia integral basada en crecimiento económico, aumento de la productividad, generación de empleo formal, transferencias focalizadas y políticas sectoriales coherentes. El salario mínimo no puede convertirse en el único instrumento de política social, y mucho menos cuando se usa como herramienta electoral. Tal vez lo responsable habría sido un aumento a medio camino entre lo propuesto por los gremios y lo exigido por los sindicatos. Pero ir mucho más allá de lo exigido por los trabajadores parece a todas luces un despropósito.

Los efectos están por verse. Como economistas, lo único que podemos hacer es observar, medir y aprender. Ojalá estemos equivocados en nuestras preocupaciones. Ojalá David Card tenga razón y los efectos adversos sean mínimos. Pero la prudencia y la evidencia histórica sugieren que debemos prepararnos para un camino difícil.

Lo que queda claro es que, en economía, como en la vida, no hay soluciones mágicas. Solo decisiones con costos y beneficios que alguien, invariablemente, tendrá que pagar.