Menos impuestos, más impacto

Un sistema tributario que asfixia la iniciativa empresarial termina recaudando menos, no más, porque contrae la base gravable.

Por John Chica. Colaboración con Oriente Capital (@oriente.capital).

El debate tributario en Colombia se ha estancado en un antiguo dilema: o subimos los impuestos para financiar el Estado, o los bajamos y sacrificamos inversión social. Sin embargo, esta discusión binaria ignora una tercera vía más sofisticada y, posiblemente, más efectiva: permitir que las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, sustituyan parte de su carga tributaria por inversiones directas que generen valor social, ambiental y económico.

La tarifa de renta empresarial en Colombia es del 35 %, una de las más altas de América Latina, mientras Chile cobra entre el 25 % y el 27 %, y Perú 29,5 %. Esta brecha no es trivial, en ocasiones representa la diferencia entre contratar un par de empleados más o cerrar operaciones. Esto de ninguna manera significa que estemos diciendo que la solución sea simplemente bajar la tarifa general de manera indiscriminada. La clave, a nuestro saber y entender, está en crear incentivos inteligentes que alineen el interés empresarial con el bienestar colectivo.

El mecanismo de Obras por Impuestos, vigente desde 2016 en nuestro país, ofrece un camino interesante y probado. Permite a las empresas con ingresos iguales o superiores a unos $1 674 millones en 2025, destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta a financiar proyectos de infraestructura en municipios ZOMAC y PDET (los más afectados por el conflicto armado). A cambio, las empresas reciben Títulos que compensan el 100 % de lo invertido. El dinero llega más rápido, sin intermediación burocrática, y la empresa participa en el desarrollo de su región. Sin embargo, la complejidad administrativa y los tiempos de aprobación han limitado su uso. La reforma necesaria es simple: automatizar aprobaciones para proyectos menores, permitir que varias pymes se asocien para ejecutar obras conjuntas, y expandir el mecanismo a infraestructura en zonas urbanas vulnerables.

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Las donaciones en ciencia, tecnología e innovación ofrecen otra alternativa poco explotada. Actualmente, las empresas pueden descontar el 30 % de inversiones certificadas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación. Este porcentaje debería ampliarse y extenderse a inversiones en transformación digital de la propia empresa. Una panadería que invierta en un sistema de trazabilidad digital para sus productos, o una metalmecánica que adquiera maquinaria 4.0, estarían contribuyendo al desarrollo tecnológico del país. ¿Por qué no reconocerlo tributariamente de forma más generosa?

El sector cultural también ofrece oportunidades. Las empresas pueden descontar hasta el 25 % del impuesto de renta por donaciones a entidades sin ánimo de lucro del régimen especial que trabajen en cultura. Para las micro y pequeñas empresas con márgenes estrechos, este incentivo debería ampliarse. Una panadería artesanal que patrocine un festival de música tradicional en su municipio, o una tienda de barrio que financie talleres de lectura para niños, debería poder descontar un mayor porcentaje si la donación no supera cierto monto absoluto. Además, deberíamos incluir en el tipo de actividades a subvencionar la preservación de oficios tradicionales con problemas de relevo generacional: carpintería, marroquinería, cerámica, incluso agricultura ancestral.

Pero la frontera más prometedora está en los incentivos por sostenibilidad ambiental. Actualmente, las empresas que inviertan en control y mejoramiento del medio ambiente pueden, por ejemplo, descontar el 25 % de inversiones en gestión energética eficiente. Propongo un sistema más ambicioso: que cada acción verificable de sostenibilidad otorgue puntos que se traduzcan en reducción de tarifa. Una empresa que instale paneles solares y cubra un porcentaje significativo de su consumo energético con renovables gana puntos. Una que implemente economía circular con aprovechamiento alto de sus residuos, más puntos. Una certificada como carbono neutral, puntos adicionales. Al acumular cierto puntaje, la empresa reduce su tarifa de renta progresivamente. Este sistema es transparente, verificable mediante auditorías anuales, y alinea perfectamente el incentivo privado con la urgencia climática.

Para las microempresas, necesitamos pensar aún más creativamente. Una peluquería que contrate a su primer empleado formal debería tener tarifa reducida de renta durante sus primeros años. Un negocio de subsistencia que se formalice merece una rampa tributaria: tarifa inicial muy baja, aumentando gradualmente hasta llegar al régimen general. La transición debe ser suave, no un salto al vacío que desincentive la formalización.

La objeción a estas propuestas que podemos anticipar es que estas medidas reducen el recaudo. Pero esa visión es bastante cuestionable, incluso miope. Un sistema tributario que asfixia la iniciativa empresarial termina recaudando menos, no más, porque contrae la base gravable. En cambio, un régimen que incentiva la formalización, la innovación y la sostenibilidad expande la economía y, con ella, los ingresos futuros del Estado.

Colombia necesita dejar de pensar en los impuestos como simple extracción de recursos y comenzar a diseñarlos como herramientas de política pública. Cada peso que una empresa invierte en investigación, en obras sociales, en sostenibilidad ambiental o en cultura es un peso mejor gastado que si pasa por el embudo burocrático estatal. No se trata de desfinanciar el Estado, sino de hacerlo más eficiente reconociendo que el desarrollo no es monopolio de lo público. Las empresas, especialmente las pequeñas, están enraizadas en sus comunidades y conocen mejor que cualquier funcionario público qué necesita su región. Es hora de confiar en ellas y permitirles ser protagonistas del desarrollo que Colombia tanto necesita.