La autonomía del Banco de la República es un activo invaluable que costó décadas construir, y, aunque la decisión de subir las tasas no fuera fácil ni popular, era la correcta.
Por John Chica. Colaboración con Oriente Capital (@oriente.capital).
La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República del pasado viernes no nos sorprendió demasiado a quienes seguimos de cerca la evolución de la economía colombiana. El incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 10,25 %, era una respuesta prácticamente inevitable ante el panorama que se venía configurando desde finales de 2025. El aumento del salario mínimo, probablemente justificable y necesario desde el punto de vista social, encendió las alarmas en el frente inflacionario, generando un repunte significativo en las expectativas que obligó al Banco a actuar con contundencia.
Los números que justificaron la decisión son bastante claros. Las expectativas de inflación experimentaron un salto dramático en enero. Los analistas elevaron sus proyecciones de 4,6 % a 6,4 % para finales de 2026, cuando la meta de la autoridad monetaria es tener una inflación en el rango entre el 2 % y el 4 %. Este repunte en las expectativas no es un dato menor. Cuando empresarios, trabajadores y consumidores anticipan mayor inflación, ajustan sus decisiones de precios, salarios y compras de tal manera que terminan provocando exactamente la inflación que temían. Es un círculo vicioso que puede desanclarse rápidamente si la autoridad monetaria no actúa con firmeza.
El incremento del salario mínimo fue el detonante evidente de estas expectativas. En un contexto donde la demanda interna ya mostraba un dinamismo considerable, con la economía creciendo 2,9 % en 2025 impulsada por consumo privado y público robusto, un aumento salarial de esa magnitud necesariamente se traduce en presiones adicionales sobre los precios. No se trata de cuestionar la decisión de mejorar los ingresos de los trabajadores, sino de reconocer que toda política económica tiene consecuencias que deben ser gestionadas con responsabilidad. El Banco de la República cumplió con su mandato constitucional al responder ante estas presiones inflacionarias, independientemente de que la medida pueda resultar impopular en el corto plazo.
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Es en momentos como estos cuando debemos recordar por qué Colombia decidió, hace más de tres décadas, otorgar autonomía a su banco central. La historia económica latinoamericana está plagada de ejemplos de países que subordinaron la política monetaria a las necesidades del gobierno o a los ciclos políticos de corto plazo, pagando el precio en forma de hiperinflaciones devastadoras que destruyeron ahorros, erosionaron salarios reales y sumieron a millones en la pobreza, por ejemplo, en Venezuela y Argentina recientemente, o en Bolivia, Perú y Brasil hace un par de décadas más. La Constitución de 1991 blindó al Banco de la República precisamente para evitar ese destino, reconociendo que la estabilidad de precios es un bien público fundamental que no puede sacrificarse en el altar de conveniencias electorales.
El diseño institucional de la Junta Directiva no es casual. Siete miembros, con el ministro de Hacienda, el gerente y cinco codirectores designados por el presidente, de los cuales, para evitar presiones políticas, el presidente de la República solo puede renovar a dos cada cuatro años (a mitad de su periodo presidencial), asegurando que un solo gobierno no pueda cambiar a toda la cúpula técnica. Esta estructura garantiza que ningún gobierno pueda capturar completamente la política monetaria, asegurando continuidad técnica más allá de los cambios políticos. Es un arreglo institucional que Colombia debe valorar y defender celosamente.
Los frutos de esta autonomía son innegables. Colombia ha mantenido el grado de inversión otorgado por las principales calificadoras de riesgo en momentos donde otros países de la región lo han perdido. Este reconocimiento internacional se traduce en menores tasas de interés para la deuda pública, menores costos de financiamiento para las empresas colombianas y mayor flujo de inversión extranjera. La estabilidad del peso, aunque experimenta volatilidades naturales, ha sido superior a la de muchas monedas regionales precisamente porque los inversionistas confían en que Colombia tiene instituciones serias y creíbles.
Nadie niega que el incremento de tasas tendrá costos en el corto plazo. El crédito se encarecerá para hogares y empresas, afectando el consumo y postergando proyectos de inversión. Sin embargo, la alternativa de no actuar sería mucho peor. Permitir que las expectativas de inflación se desanclen tendría consecuencias devastadoras, particularmente para los más vulnerables. La inflación es el impuesto más regresivo que existe, golpeando con mayor dureza a quienes no pueden proteger sus ingresos mediante indexación salarial o inversiones en activos reales.
La votación dividida en la Junta también nos recuerda algo importante: no existe una única respuesta correcta ante dilemas económicos complejos. Personas razonables, bien informadas y de buena fe pueden llegar a conclusiones diferentes. Lo crucial es que esas decisiones se tomen en un ámbito técnico, con base en evidencia y análisis riguroso, no como resultado de presiones políticas o mediáticas.
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Colombia enfrenta desafíos económicos significativos. El déficit en cuenta corriente se amplió de 1,6 % a 2,4 % del PIB, la incertidumbre externa es elevada con posibles guerras comerciales y conflictos geopolíticos. En este contexto, preservar la estabilidad macroeconómica es fundamental. La autonomía del Banco de la República no es un obstáculo para el desarrollo social, es la base sobre la cual se puede construir prosperidad sostenible.
En un año como el 2026, esta independencia institucional está siendo sometida a prueba. Hay quienes exigen al Banco subordinar sus decisiones a otros objetivos, que buscan capturar la política monetaria para fines políticos de corto plazo. Creo que, como sociedad, debemos resistir esas tentaciones: la autonomía del Banco de la República es un activo invaluable que costó décadas construir, y, aunque la decisión de subir las tasas no fuera fácil ni popular, era la correcta. Las instituciones fuertes no siempre toman el camino más fácil, sino el camino necesario. A veces el camino necesario solo lo ve el adulto responsable.
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