La Fiscalía General de la Nación dio un golpe al patrimonio ilícito del ELN al imponer medidas cautelares sobre bienes avaluados en más de 33.000 millones de pesos. En Antioquia, uno de los principales focos de esta operación, se llevaron a cabo ocupaciones de propiedades vinculadas con actividades ilegales atribuidas al Comando Especial Urbano de esta organización.
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El rastreo financiero permitió identificar que 141 bienes pertenecientes a 25 personas con presuntos nexos con el ELN habrían sido adquiridos con recursos provenientes de extorsiones, secuestros y la explotación ilícita de minerales. Entre los activos ocupados se incluyen:
- 51 vehículos
- 24 fincas
- 41 inmuebles urbanos
- 7 sociedades comerciales
- 9 establecimientos de comercio
- Una aeronave
Las investigaciones también revelaron que se constituyeron sociedades en sectores como la ganadería y la minería, con el objetivo de ocultar el origen ilegal de los recursos y evadir controles de las autoridades.
Acción simultánea en Antioquia y otras regiones
Las diligencias de ocupación se llevaron a cabo de manera simultánea en Antioquia, Santander, Córdoba y Cundinamarca, gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.
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Los bienes afectados con medidas cautelares incluyen no solo propiedades inmuebles, sino también dinero en efectivo en pesos y dólares, consolidando un impacto significativo en la estructura financiera del grupo insurgente.
En Antioquia, una región estratégica para el ELN debido a su actividad minera y ganadera, la operación permitió desmantelar parte de la red financiera que sostenía sus actividades criminales. Las autoridades recalcaron que este golpe busca debilitar las fuentes de financiación del grupo armado y enviar un mensaje claro contra la ilegalidad.
La Fiscalía continuará profundizando en las investigaciones para determinar la responsabilidad de los implicados y garantizar que los bienes ocupados sean sometidos a extinción de dominio. Esta acción se suma a los esfuerzos por combatir la criminalidad organizada en el país y recuperar recursos que habrían sido generados de manera ilícita.
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