El régimen de Venezuela concretó el cierre de su frontera terrestre con Colombia desde la mañana de este viernes 23 de mayo, decisión que se prolongaría hasta el lunes 26 de mayo, es decir, hasta después de las elecciones regionales de este domingo.
El cierre de las fronteras terrestres con Colombia se suma a la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de suspender los vuelos comerciales entre ambos países, afectando a ocho aerolíneas en territorio colombiano, dos de ellas con operación desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.
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La decisión, comunicada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, se fundamenta en la detención de 38 personas, incluyendo 17 extranjeros, acusadas de planear, supuestamente, atentados y actos de sabotaje contra el proceso electoral.
Cabello afirmó que los detenidos, quienes ingresaron al país desde Colombia, estaban involucrados en una conspiración que incluía terrorismo y posesión de explosivos. Según el ministro, esta acción forma parte de una serie de intentos por desestabilizar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, atribuyendo la responsabilidad a la oposición y a presuntos apoyos internacionales, aunque estas acusaciones han sido negadas por los señalados.
La suspensión de vuelos desde Colombia y el cierre de la frontera terrestre afectan significativamente el tránsito entre ambas naciones. La Cancillería colombiana ha confirmado la recepción de la notificación oficial por parte de Venezuela, indicando que se trata de una medida unilateral derivada de razones internas del país vecino. El Gobierno ha señalado que, del lado colombiano, las fronteras permanecerán abiertas.
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El cierre de la frontera y la suspensión de vuelos generan incertidumbre entre los ciudadanos que dependen del tránsito diario entre ambos países, así como entre los sectores económicos afectados por la interrupción del comercio transfronterizo.
Mientras algunos sectores venezolanos aseguran que la decisión es para garantizar la seguridad durante las elecciones, otros lo consideran una forma de evitar el monitoreo internacional para vigilar que los resultados sean “transparentes”, algo casi perdido por completo en ese país.
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