Foto: Fundación PAZ Y RECONCILIACIÓN.
El general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, se refirió a la crítica situación que vive el departamento de cuenta de los artefactos explosivos improvisados, minas antipersonales o minas quiebrapatas, las cuales, en las últimas horas, han dejado un saldo de dos jóvenes asesinados en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia.
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El funcionario aseveró que, semanalmente, la Gobernación evidencia entre cuatro y cinco casos de muerte o mutilación de personas por las minas, ya sean civiles o actores del conflicto armado.
El panorama es más grave dado que, según indicó, zonas de Antioquia como el Norte, el Bajo Cauca o hasta el Oriente antioqueño, declaradas como libres de minas antipersona, perdieron esta clasificación por el accionar de grupos armados organizados.
“Semanalmente en Antioquia, nosotros estamos teniendo aproximadamente cuatro o cinco muertos o mutilados como consecuencia de los artefactos explosivos improvisados. (…) Retrocedimos más de 25 años. Estamos igual que en la década de los 90 o finalizando los 80, cuando todos los campos estaban sembrados de minas”.
El conflicto corresponde a la disputa entre el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, por las rutas del narcotráfico, las rentas criminales y la minería ilegal en Antioquia. La dificultad, según el secretario, para que los equipos de desminado accedan a los territorios, es que la seguridad no está consolidada para realizar esta labor.
Por último, el secretario reveló que la situación con las minas en Antioquia será denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque su uso indiscriminado en zonas donde habita la población civil configura una violación al derecho internacional humanitario, al estar prohibidas por la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales de 1997.
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