Siete familias del Caribe colombiano están sumidas en el luto y piden justicia por las víctimas de la masacre perpetrada el pasado 25 de junio en Rionegro. Ese día, sujetos armados llegaron a una finca ubicada en el sector El Hoyito, en la vereda Cabeceras, y les arrebataron la vida a siete hombres, quienes trabajaban como albañiles en una obra en esa misma zona.
Ya Medicina Legal, que trabajó en la identificación de todos los cuerpos, confirmó los nombres de las siete víctimas, y su lugar de procedencia. El informe corrobora que tres de los masacrados eran del Atlántico, tres más de La Guajira y uno de Bolívar.
Atlántico
- Luis Guillermo Canoles Menco, de 33 años y originario de Campo de La Cruz.
- Jesús Gabriel García Sarmiento, de 40 años y originario de Campo de La Cruz.
- Marlon Luis John Zárate, de 32 años y originario de Campo de la Cruz.
La Guajira
- Luis Epinayu, de 39 años y originario de Uribia.
- Arturo Enrique González González, de 30 años y originario de Uribia.
- Gildardo Cárdenas Epinayu, de 45 años y originario de Riohacha.
Bolívar
- Yeisin Luis Foltavo Buelvas, de 37 años y originario de San Jacinto.
En diálogo con MiOriente, la alcaldesa de Campo de la Cruz, Atlántico, municipio de origen de tres de las víctimas, reveló que otras siete personas se salvaron de estar en la finca el día de la masacre. Al parecer, el domingo en la noche se devolvieron desde Rionegro para Campo de la Cruz otros siete trabajadores.
Según la alcaldesa, estas personas no regresaron por amenazas ni situaciones similares, sino porque se les había terminado el contrato y porque el fin de semana eran las fiestas tradicionales del municipio. “No me quiero ni imaginar la alta cifra de muertos si los otros siete también hubieran estado en ese momento. Los que alcanzaron a regresar se conocían con los fallecidos, habían viajado juntos”, dijo.
Lo cierto es que la masacre hubiera dejado otros dos muertos más, pues otros dos hombres que vivían también en esa casa sobrevivieron al ataque, uno de ellos herido por los disparos.
Las autoridades regionales trabajan en la investigación con el respaldo de un equipo de criminalística de la Dijín. Por otra parte, al finalizarse el consejo de seguridad, el miércoles pasado, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció que entre las medidas para esclarecer estos hechos está el aumento de la recompensa. Hasta 100 millones de pesos se entregarán por información que permita hallar a los asesinos.
Las acciones próximas incluyen patrullajes permanentes en sitios periféricos, y sobre todo en la zona donde ocurrió la masacre. Por ahora no se han establecido los móviles del crimen, y acerca de las víctimas, las autoridades reiteran que eran trabajadores del sector de la construcción que habitaban esa vivienda, junto con los dos sobrevivientes. Ninguno de ellos tendría antecedentes judiciales, aunque se espera mayor avance en la investigación.
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