Por: Juan Alejandro Echeverri
Hace más de 30 años, cuando se construyeron las primeras centrales hidroeléctricas en el Oriente Antioqueño, no existía legislación ambiental en Colombia. Las empresas constructoras no debían explicar en sus estudios cómo iban a mitigar la huella ambiental dejada por los espejos de agua una vez cumplieran sus 50 años de vida útil.
El desmonte de las hidroeléctricas, que nunca fue tenido en cuenta a la hora de su planeación y ejecución, es motivo de preocupación para varias comunidades después de lo que anunció ISAGEN el 21 de agosto. La empresa citó a algunos líderes de las veredas ubicadas en la zona de influencia de la central hidroeléctrica Calderas, que capta las aguas de la cuenca que lleva ese mismo nombre, sobre la que están asentadas comunidades de Granada, San Luis y San Carlos. ISAGEN manifestó que tenían planeado realizar un deslave a la hidroeléctrica. Es decir, vaciarla y hacerle una especie de lavado para volverla a llenar.
Lavar una hidroeléctrica significa desechar todo el sedimento químico y natural que se acumula en el fondo de un espejo de agua. Lo que preocupa a los habitantes de la cuenca del Calderas es que el residuo será desechado y vertido río abajo.
La empresa, según Peregrino Giraldo, subestima el daño ambiental y la cantidad de personas que podrían ser afectadas. El habitante de Puerto Garza, corregimiento de San Carlos, y presidente de las Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, plantea que el vertimiento no solo impactaría los cañones por los que se derrama el Calderas, también las comunidades que viven al otro extremo del municipio, a la vera del río Samaná, al que el Calderas tributa sus aguas. Otros habitantes del corregimiento pesquero aseguran haber sufrido con la mortandad de peces y los olores nauseabundos provocados por vertimientos similares de las otras hidroeléctricas que producen energía con las aguas de San Carlos; en el municipio funcionan actualmente 5 centrales, de las cuales 3 pertenecen a ISAGEN.
En el país existen antecedentes que advierten las posibles consecuencias de un procedimiento de estos. A mediados de junio, el Consejo de Estado condenó a la Empresa de Energía del Pacífico, a la Corporación Regional del Valle del Cauca y al Ministerio de Ambiente, y les ordenó indemnizar a más de 300.000 personas que resultaron perjudicadas por el vertimiento de los sedimentos de la hidroeléctrica Alto Anchicayá en 2001. La incorrecta gestión de los residuos del proyecto construido en Buenaventura provocó "una catástrofe social y ambiental de grandes proporciones", según un fallo de primera instancia.
Si se tiene en cuenta que el Oriente Antioqueño posee más de 20 proyectos hidroeléctricos en funcionamiento, el caso de la hidroeléctrica Calderas cobra una importancia de carácter regional. ¿Se repetirá la misma historia con las demás?
Algunos líderes de las comunidades afectadas exigen información completa, escenarios efectivos de participación y vigilancia rigurosa a la Corporación Autónoma Regional Cornare, y especialmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad responsable de autorizar el vertimiento anunciado por ISAGEN.
Este nuevo peligro se suma a la lista de motivos por los cuales toma fuerza el rechazo a los proyectos hidroeléctricos en San Carlos. Todas las personas escuchadas para esta nota culpan a estos proyectos de alterar la fertilidad de los suelos y amenazar las especies de los ecosistemas. Piden, además, que los más de mil millones de pesos que gira el sector eléctrico al municipio se inviertan en restaurar la huella ambiental que dejan las hidroeléctricas.
Según uno de los líderes, a más de 30 años de su llegada, no se ven los beneficios que la hidroenergía ha traído a San Carlos: “Siempre nos endulzan con bombones de trapo. Nos meten los dedos a la boca, pero yo sí los voy a morder algún día”.
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