Por: Juan Alejandro Echeverri, enviado especial de MiOriente
En el Concejo Municipal de Marinilla, los participantes de la Caravana por la Vida y el Territorio escucharon el diagnóstico más completo y preocupante del Oriente Antioqueño. La mesa de Derechos Humanos fue la encargada de compartir con los caravanistas el panorama actual de la región.
Inicialmente, Óscar Zapata dio un esbozo de la hostil realidad que viven los líderes sociales a nivel local y nacional. Según el representante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en lo que va corrido del año se han presentado 111 agresiones a líderes en Antioquia y 11 asesinatos. Mientras que en el Oriente se registraron 14 amenazas y 2 asesinatos. “Estamos atravesando un momento inédito. El Estado debería estar abriendo espacios democráticos y de participación pero hasta el momento no vemos esa voluntad”, dijo Zapata, quien además aseguró que “cada asesinato de un líder es un ataque contra toda una organización. El Oriente necesita un centro de monitoreo que este alerta y permita prevenir este tipo de sucesos”.
Luego, Jhon Jairo Serna, moderador del encuentro, introdujo el tema del proceso de retorno de la población desplazada por el conflicto armado con una afirmación tajante: “en las zonas rurales se respira un sentimiento de orfandad”.
Aunque el Oriente fue catalogado como arquetipo del postconflicto, una representante de la Defensoría del Pueblo explicó las razones por las que el proceso de restitución de derechos fracasó: primero, porque cuando las personas retornaron, paulatinamente fueron retirando la ayuda humanitaria y gubernamental dejándole la responsabilidad a los entes territoriales que no tienen la capacidad fiscal para atender la problemática; segundo, los subsidios no estuvieron apalancados con proyectos productivos que le permitieran a las comunidades superar el asistencialismo y restablecer sus condiciones mínimas de subsistencia. "El Oriente Antioqueño fue conejillo de indias de la política pública de restitución pero no se mitigaron los daños provocados por el ensayo-error".
Yaneth Tamayo, integrante del Ceam, también sumó argumentos al tema: "el grupo familiar no retorna en su totalidad. Los jóvenes, por la falta de oportunidades, se quedan en la ciudad. Vuelven los viejos. No hay acompañamiento ni garantías para reconstruir el tejido social y el arraigo".
Posteriormente, Flor Gallego, integrante de Movice, rechazó el uso desmesurado de agrotóxicos en El Carmen, La Unión y El Santuario: "el año pasado, El Carmen recogió 12.000 kilos de desechos agrotóxicos". Por otra parte, la habitante de la vereda La Esperanza aseguró que las floristerías "deben estar ubicadas a 30 metros de las fuentes hídricas y muchas no cumplen con esta medida".
La mesa de Derechos Humanos también abordó el tema de la infancia y la juventud. "Los muchachos no se quedan en el mundo rural porque es sinónimo de pobreza. Por lo tanto, quedan a merced del microtráfico; en Rionegro hay 60.000 consumidores jóvenes", dijo Jhon Jairo Serna. La mesa también manifestó preocupación por los 40 jóvenes muertos en lo que va corrido del año en El Peñol y los 30 adolescentes que se suicidan anualmente en Sonsón.
En el aire quedó la problemática de salud que afronta la región: "el servicio de hospitalización y partos solo se presta en Rionegro, es una estrategia para que la gente salga del territorio".
Una vez terminada la exposición de la mesa de derechos humanos, la caravana viajó hasta la subregión de Páramo. Mañana 18 de agosto visitará la vereda El Naranjal y la vereda La Honda de La Unión.
