Por: Luis Fernando Calle Viana – Sociólogo - [email protected]
El Oriente Antioqueño ha sido una de las regiones de Colombia en donde más se han aplicado recursos de cooperación para el desarrollo, ejecutados en muchos casos por organizaciones no gubernamentales, quienes desde diferentes enfoques políticos, teóricos y metodológicos han hecho aportes al territorio en temas de desarrollo, gobernabilidad, derechos humanos, reconciliación, víctimas, no violencia, cultura de paz entre otros, desde la década de los noventa hasta nuestro días; pero lo cierto de este momento histórico es que el panorama de sobrevivencia de algunas ONGS está en vilo, por el cambio en debates teóricos y metodológicos sobre la paz y el desarrollo en Colombia, por las transformaciones de la economía mundial y nacional, así como por la paulatina institucionalización de la agenda social por parte del estado central y departamental, y el cambio en las prioridades de la cooperación para los donantes, situaciones que plantean la pregunta sobre la transformación de las ONGS como agentes del desarrollo y la eficiencia del estado como garante de los derechos sociales de las comunidades de la región del Oriente Antioqueño.
Los aportes de las Ongs han sido significativos para el desarrollo de la región, instituciones como Conciudadanía en temas de democracia participativa y no violencia, el IPC en víctimas y tierras, el Programa por la Paz del Cinep en víctimas y reconciliación, la Corporación Vida Justicia y Paz en temas de cultura de paz por medio de los foros por la paz, Prodepaz como entidad coordinadora regional del segundo laboratorio de paz y facilitadora del Programa de Desarrollo para la Paz en temas de desarrollo humano integral sostenible, la Corporación Jurídica Libertad en la defensa de los derechos humanos, la Asociación Campesina de Antioquia - ACA en el fomento de los derechos de los campesinos el CEAM en los temas de desarrollo rural y así muchas otras que han hecho presencia en el territorio con acciones de fortalecimiento de la sociedad civil; pero de otra parte es innegable que la presencia de estas organizaciones ha venido disminuyendo paulatinamente en la región, evidenciando una crisis del sector, una trasformación del contexto de conflicto y develando la necesidad de un cambio de estrategia en la gestión del desarrollo.
Desde diferentes orillas del espectro ideológico las ONGS han gestionado sus agendas políticas en la región, las cuales han hecho sus énfasis de acuerdo a su causa fundacional, que en la gran mayoría de los casos ha obedecido al ambiente previo a la constitución de 1991 y a la necesidad de crear organizaciones para profundizar la democracia, otras han sido el fruto de procesos de desmovilizaciones de grupos de izquierda, algunas otras son parte de las estrategias de responsabilidad social empresarial del sector privado y otras son de origen confesional desde la Iglesia Católica.
Lo cierto de la realidad nacional, que se refleja en la región, es que la agenda de las ONGS ha sido cooptada por el estado, con una paulatina institucionalización de la agenda social, expresada en la creación del llamado sector de la inclusión social desde el gobierno nacional, conformado por el Departamento para la Prosperidad Social - DPS, el ICBF, la Unidad de Víctimas, la ANSPE, la Unidad Administrativa para la Consolidación y el Centro de Memoria Histórica, instituciones que hoy ejecutan parte de los recursos de cooperación que otrora ejecutaban las ONGS en el país y la región, esto sumado a los cambios en la economía mundial y la macroeconomía nacional que han hecho que Colombia sea clasificada por el Banco Mundial como un país de renta media, situación que ha hecho que los cooperantes reorienten los recursos a otros temas y prioricen los países de renta baja ubicados principalmente en Africa; estas situaciones han hecho que la cooperación disminuya sus flujos de recursos, o los reoriente a través del estado central, afectando de manera directa las organizaciones no gubernamentales de todos los espectros ideológicos; de esta manera el Oriente Antioqueño ha visto la disminución creciente de la presencia de las ONG´s en las intervenciones y un aumento de la institucionalidad del estado, situación que en principio es interesante, pero plantea retos tanto para el estado como para las ONGS.
La arena de acción de las ONGs en el Oriente Antioqueño ha sido el conflicto armado, la crisis humanitaria, las violaciones a los derechos humanos y las victimas, la participación ciudadana, y la reconstrucción del tejido social; es en este marco en donde han hecho grandes aportes al territorio, pero hoy todos estos frentes de trabajo, están siendo cooptados por el estado, en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras ley 1448 de 2011, que prepara el camino del país y la región para un eventual momento de postconflicto como fruto de las negociaciones entre el gobierno y las FARC - EP y seguramente con el ELN.
Las transformaciones del contexto del conflicto en la región del Oriente Antioqueño, con una disminución de las tasas de homicidios, de secuestros y una transformación de un conflicto armado clásico (Guerrillas, Estado Paramilitares) hacia un conflicto por narco y microtráfico con las llamadas bandas criminales o neo – paramilitares, entre otros factores ya mencionados, ponen sobre la mesa preguntas como:
¿Están dispuestas las ONGS, sin renunciar a sus principios, a asesorar al estado nacional y local con su capital de conocimiento en temas sociales y de desarrollo? ¿Están dispuestos el estado y el sector privado a aceptar que tienen mucho que aprender de las ONGS en metodologías, enfoques y formas de operar acciones de desarrollo? ¿Están dispuestas las ONGS a darse los debates internos necesarios para interpretar de manera adecuada el momento del país y la región y analizar aprendizajes aciertos y desaciertos de sus acciones en Oriente Antioqueño? ¿Está dispuesto el estado a emprender procesos de democratización real en la región y en los municipios? ¿Esta dispuesto el estado a volver realidad la descentralización? ¿Está dispuesto el estado nacional y local a profundizar la eficiencia de las acciones para el desarrollo, la paz y los derechos humanos con la ayuda de las ONGs? ¿Están dispuestos a aceptar, tanto las ONGS y el estado que la participación social que se está gestando en el país y la región, es cada vez menos mediada por proyectos? ¿Está dispuesto el sector privado del Oriente Antioqueño a trabajar con ONGs en temas de desarrollo, reconciliación, derechos humanos? ¿Estamos preparados para un eventual postconflicto?
Las preguntas están sobre la mesa, llego la hora de pasar de la militancia a la asesoría, eso sí, sin renunciar a los principios.
