En Granada, del 4 al 6 de diciembre se desarrolla la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde 40 antiguos integrantes del Ejército y 2 civiles fueron llamados a reconocer su responsabilidad por el asesinato de más de 589 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2007, en hechos atribuidos a seis batallones adscritos a la Brigada IV. La mayoría de las víctimas eran del Oriente de Antioquia: 147 casos entre 2002 y 2003 y 182 entre 2004 y 2007.
En dicha audiencia, destacaron las declaraciones de dos comparecientes, exmilitares, que hicieron parte de estos eventos y que mencionaron el nombre del general Juan Miguel Huertas —quien actualmente hace parte del escándalo por supuestos nexos entre el Gobierno nacional y las disidencias de Calarcá— como uno de los mandos que al parecer ordenaban el asesinato de civiles para engrosar las cifras de la política de facto de “conteo de cuerpos”, que realizaba el Ejército en ese entonces.
El actual brigadier general y jefe del Comando de Personal del Ejército (en suspensión por la Procuraduría), por ese entonces capitán, al parecer, hasta habría ofrecido entregar armamento para la ejecución de esos crímenes que cometió el Estado, siendo Antioquia el departamento más afectado, con el 25 % de los casos de los 6402 evidenciados.
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Las declaraciones
“Cuando alguien que era el 3 de ese batallón BAJES, el capitán Huertas, me insinuó que tenía que asesinar a alguien y yo le dije que no, no lo hacía, no lo hacía”, dijo el compareciente Edwin Leonardo Toro. “Esa arma nos la suministró el señor oficial de operaciones para la época, que era el señor capitán Huertas Herrera Juan Miguel, el cual antes de haber salido a la operación nos había manifestado que él tenía la disposición de tener armamento”, agregó el compareciente Emerson Castañeda.
Estas declaraciones podrían vincular a esta persona a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que responda sobre su presunta participación en estos hechos. El general Huertas ya había sido vinculado a un caso de “falsos positivos” en Antioquia, en 2023, pero la JEP no lo vinculó como máximo responsable.
Procesos vigentes
Hay que recordar que la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente hasta por tres meses al brigadier general Huertas, y al director estratégico de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, por sus presuntos vínculos y suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc.
Además, la Fiscalía General de la Nación ordenó a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia indagar la conducta del brigadier general del Ejército por las situaciones mencionadas.
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