Una investigación periodística puso en jaque a sectores de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia en Colombia. Tras cerca de un año de análisis documental, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló la posible existencia de un canal clandestino de colaboración entre el Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Calarcá, y altos funcionarios del Estado.
Un rompecabezas de corrupción e infiltración
De acuerdo con el informe, habría un vínculo directo entre esa estructura disidente y dos figuras estratégicas de la seguridad nacional: el general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército Nacional, y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La investigación se sustenta en un conjunto de documentos incautados —chats, correos electrónicos, cartas y fotografías— que, según el equipo periodístico, muestran una relación inusual entre los mandos ilegales y servidores públicos con capacidad de acceso a información de alto nivel.
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Filtraciones y empresas fachada
Miembros de las propias disidencias, consultados bajo estricta reserva de identidad, confirmaron la autenticidad de los archivos. Un jefe guerrillero del EMC detalló que esta presunta alianza tenía dos propósitos centrales:
1. Crear empresas de seguridad como fachada: El general Huertas y el funcionario Mejía habrían facilitado la constitución de compañías privadas de vigilancia vinculadas, de manera encubierta, a las disidencias.
2. Entregar información clasificada: Gracias a ese flujo de datos, las estructuras ilegales en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar habrían recibido información reservada de las Fuerzas Militares, lo que les permitió anticipar operativos, evadir cercos y mantener el control territorial.
Las revelaciones, de confirmarse, pondrían en evidencia una grave infiltración en los niveles más sensibles del aparato de inteligencia estatal y un riesgo directo para la seguridad de las operaciones militares en zonas de alta conflictividad..
El gobernador se pronunció
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó a las revelaciones y calificó el caso como “de extrema gravedad”. Señaló que los hallazgos ratifican denuncias que —según él— viene haciendo desde hace más de un año sobre “la sospechosa benevolencia” del Gobierno Nacional hacia las disidencias de alias Calarcá.
Recordó que este cabecilla fue detenido en las vías del departamento y “dejado en libertad pocas horas después”, decisión por la que responsabilizó al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo. El mandatario departamental afirmó que ese grupo “ha crecido 70 % en Antioquia” y lo señaló como responsable de homicidios, desplazamientos y confinamientos en la región. También advirtió que los uniformados mencionados en la investigación, así como el presidente, la fiscal y un subdirector de la DNI, tendrán que responder por estos señalamientos
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