En un comunicado conjunto, las víctimas de Jeniffer Johana Muñoz Gaviria expresaron su rechazo contundente al video publicado recientemente por la organizadora de eventos, a quien acusan de estafa, negligencia y abuso de confianza. Según los afectados, el mensaje difundido por Muñoz desde un lugar no identificado en Colombia constituye un intento de victimizarse y evadir la responsabilidad penal por las múltiples denuncias que enfrenta.

Recordemos que el escándalo estalló desde el pasado fin de semana, cuando Jennifer se fue de La Ceja y comenzó a incumplir con los eventos y con el pago a proveedores, la presunta estafa supera los 400 millones de pesos.

  • “No solo robaste dinero, robaste sueños, ilusiones, sacrificios, esfuerzos”

    El grupo de denunciantes, que incluye familias y proveedores, asegura que los daños causados por Muñoz van más allá de lo económico. “Era nuestro día soñado, pero no lo fue”, afirma una de las víctimas citada en el comunicado. Según relatan, eventos como fiestas de quince años, bodas y celebraciones familiares se convirtieron en una pesadilla por incumplimientos y deficiencias en los servicios ofrecidos.

    De acuerdo con los testimonios, Muñoz Gaviria entregó decoraciones recicladas, sirvió comida en mal estado o cruda y no cumplió con servicios pactados, como maquillaje profesional y temáticas específicas. “Nos prometió eventos de alta gama, pero apenas ofreció un 50 % de lo contratado. ¿Cómo puede hablar de ‘gama alta’ cuando hay pruebas de que vendió servicios que nunca entregó?”, cuestionan.

    Víctimas denuncian un esquema fraudulento y publicidad engañosa

    El comunicado detalla presuntas prácticas fraudulentas que habrían sido parte del modus operandi de Muñoz, entre ellas:

    • La venta de entradas para conciertos que nunca entregó.
    • La solicitud de inversiones bajo promesas de rentabilidad incumplidas.
    • La asignación de un mismo espacio para eventos diferentes en la misma fecha y hora, con el fin de captar mayores adelantos de dinero.

    Esto más bien parece una especie de pirámide en la que los únicos que ganaron fueron usted y los primeros clientes, cuyos eventos le sirvieron para tomar fotos y hacer publicidad engañosa”, afirman las víctimas, quienes califican estos actos como una estrategia deliberada para lucrarse a costa de la confianza de los demás.

    “Un perdón no revivirá nuestros sueños frustrados”

    Jennifer Muñoz Gaviria, en su video, justificó su situación afirmando que los costos de los eventos superaban los $12 millones cobrados y que asumió pérdidas económicas para mantener la calidad de los servicios. Sin embargo, las víctimas cuestionan estas explicaciones: “Si sabía que tenía un hueco fiscal desde hace dos años, ¿por qué no frenó antes y siguió aceptando contratos? Su ambición por crecer arrasó con nuestros sueños”.

    Además, los denunciantes señalan inconsistencias en la versión de Muñoz. “El 18 de noviembre declaró ante una notaría en Medellín que estaba en quiebra, pero ese mismo día pidió dinero a nuevos clientes. ¿Qué pasó con esos recursos?”, preguntan en el comunicado.

    Jennifer Muñoz también afirmó en su video haber sido víctima de amenazas y actos de vandalismo contra su vivienda y la de su familia. Sin embargo, las víctimas desmienten estas acusaciones: “Eso es completamente falso. Su estrategia es generar lástima para desviar la atención del problema real.

    Víctimas de Jennifer Muñoz exigen reparación y justicia

    Las víctimas exigen que Jennifer Muñoz Gaviria responda ante la justicia y devuelva el dinero que cobró por eventos no realizados o deficientes. También demandan la activación de cláusulas de incumplimiento estipuladas en los contratos, las cuales, aseguran, ella ha ignorado sistemáticamente.

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    Lo único que queremos es que nos devuelva el dinero y deje de victimizarse. Las verdaderas víctimas somos nosotros, nuestros hijos y nuestros seres amados”, concluye el comunicado.

    El caso, que involucra a decenas de familias, así como a cocineros, meseros, músicos y proveedores, seguirá su curso legal. Las víctimas aseguran tener pruebas documentales, incluidas conversaciones, testimonios y recibos, que presentarán ante las autoridades competentes en busca de justicia.

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