Por: Mayra Alejandra Tobón Ramírez
Profesional en Desarrollo Territorial, Universidad de Antioquia.
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El crecimiento urbano que se viene presentando en los últimos años en el Oriente Antioqueño ha traído consigo un cambio constante y acelerado en el uso del suelo, en las dinámicas y vocaciones territoriales y en la valorización catastral de los inmuebles.
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Las condiciones topográficas, climáticas, la oferta de bienes y servicios y la cercanía al Valle de Aburrá, epicentro económico del departamento de Antioquia, han convertido a esta subregión en la opción predilecta a la hora de invertir en bienes raíces. La llegada de nuevos inversionistas y residentes a este privilegiado territorio está impulsando un importante incremento en la dinámica comercial y de empleo en varios sectores, la oferta de algunos bienes y servicios, y otros elementos esenciales para un desarrollo urbano.
No obstante, algunos cambios indeseables también se están generando. El Valle de Aburrá se encuentra inmerso en una dinámica de expansión urbana y de suburbanización (o urbanización de los suelos rurales), tanto al interior del Valle como en los municipios aledaños. Lo anterior viene causando presión en los predios dedicados a actividades agrícolas: el campesinado del Oriente Antioqueño se ha visto en la necesidad de vender sus propiedades para darle paso a fincas de recreo o residencias de población con alto poder adquisitivo, lo cual modifica las condiciones de conservación de los ecosistemas y desplaza actividades agrícolas productivas y a la población de mayor vulnerabilidad económica.
Como resultado de estas dinámicas se produjo y se continúa produciendo un cambio poblacional y de vocación motivado por la escasez y disponibilidad de tierras a precios relativamente asequibles. El encarecimiento de la propiedad repercute directamente en la capacidad adquisitiva de la población nativa del Oriente Antioqueño, que cada vez ve más lejos la posibilidad de acceder a una vivienda propia. La alta valorización limita las posibilidades de inversión de todo tipo: habitacional, agrícola, comercial; y es allí donde escuchamos con frecuencia la frase “Acá no vive el que quiere, sino el que puede”.
Los municipios del Oriente continúan creciendo a pasos agigantados y las administraciones municipales y entes gubernamentales no han puesto en la esfera pública la importancia de un desarrollo equilibrado ambiental y socialmente. Se continúan otorgando licencias de construcción en zonas no aptas para urbanismo, crecemos en unidades cerradas, en conjuntos residenciales, condominios, etc., pero no lo hacemos a la par con vías de comunicación, instituciones educativas, equipamientos de salud, espacios públicos y áreas de conservación urbana y rural. Es fundamental contar con capacidad institucional para atender estos fenómenos de cambio.
¿Nos estamos preguntando si nuestros municipios en sus Planes de Ordenamiento Territorial están generando las condiciones para un desarrollo equilibrado? ¿Se están respetando los determinantes ambientales de ordenamiento territorial señalados por Cornare? ¿Cómo se está reflejando la participación ciudadana en la revisión y ajuste de los POT? ¿Cuáles son las obligaciones urbanísticas que se están definiendo en dichos Planes? De estos asuntos depende la habitabilidad y el bienestar de los habitantes del Oriente Antioqueño en las próximas décadas.
