Foto tomada de Gerencia de Corregimientos-Gobernación de Antioquia.
Aunque los homicidios en el Valle de Aburrá han disminuido ligeramente en lo que va del año, el panorama de seguridad sigue siendo complejo. Así lo advierte un informe reciente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que confirma la presencia activa de más de 500 grupos armados ilegales en la subregión.
El reporte, con corte al 31 de mayo de 2025, registra 192 homicidios en los diez municipios del Valle de Aburrá, una baja del 0,52 % frente al mismo periodo de 2024. Aunque el descenso puede parecer mínimo, la ONG sostiene que en varios territorios se han producido transformaciones significativas en los patrones de violencia, en parte gracias a los acercamientos entre el Gobierno nacional y representantes de estructuras armadas ilegales.
Estos diálogos, que buscan abrir caminos hacia la llamada “paz urbana”, han tenido efecto en zonas críticas como Caldas, la comuna 8 de Medellín, San Cristóbal, Belén, Aguas Frías, Palmitas y San Félix, en Bello. En estas localidades se ha observado una reducción del uso del homicidio como herramienta de control, el cual ha sido reemplazado por otras formas de violencia menos visibles, como la extorsión, la intimidación y la vigilancia sobre las comunidades.
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No obstante, Medellín continúa siendo el epicentro de los asesinatos en la región. De acuerdo con Corpades, la capital concentra cerca del 75 % de los casos, lo que contrasta con la mejora relativa en otros municipios del área metropolitana.
El informe también describe la estructura del crimen organizado en el Valle de Aburrá, conformada por redes jerárquicas con presencia histórica. Entre los actores más relevantes están la Oficina del Valle de Aburrá y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), además de grupos armados independientes que mantienen el control sobre economías ilegales y barrios completos desde hace más de cuatro décadas.
Corpades advierte que la disminución de homicidios no debe interpretarse como una desarticulación de estas estructuras, sino como una evolución en sus formas de operar. Por eso, la organización hace un llamado a profundizar en estrategias integrales que aborden la criminalidad más allá de las cifras de muertes violentas, incluyendo el fortalecimiento de la justicia, el desarrollo social y la protección de los derechos humanos en los territorios.
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