En medio de señalamientos por presuntas presiones a ciudadanos para asistir al evento del presidente Gustavo Petro este sábado en Medellín, un hecho generó controversia nacional: la presencia de reconocidos cabecillas criminales, hoy integrantes de la mesa de paz urbana, en la tarima principal del acto público.
Imágenes de vehículos del Inpec y versiones compartidas por sectores políticos opositores durante las horas previas fueron confirmadas con la llegada del mandatario, quien estuvo acompañado por varios de estos integrantes del proceso, actualmente privados de la libertad en la cárcel de Itagüí.
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Entre los asistentes estuvieron alias Douglas, Lindolfo, Pesebre, Grande Pa, Tom, El Tigre, Pocho y Naranjo, antiguos jefes de estructuras criminales que operaron durante años en Medellín y que hoy hacen parte de un proceso sociojurídico impulsado desde 2023 por el Gobierno nacional en el marco de la llamada Paz Urbana.
Durante el evento se observaron pancartas con mensajes de respaldo a los cabecillas, como “Aranjuez apoya la Paz Urbana” o “Douglas, Aranjuez te quiere”, en alusión a José Leonardo Muñoz, alias Douglas, histórico jefe de la banda La Terraza, con injerencia en el nororiente de la ciudad.
La aparición de estos personajes en un acto público del presidente Petro no es nueva. Ya habían participado a finales del año anterior en una presentación en la Universidad de Antioquia sobre el piloto de no extorsión implementado en más de 40 barrios de Medellín y Bello, que actualmente avanza en su segunda etapa.
Sin embargo, esta nueva aparición en un evento presidencial desató fuertes críticas, especialmente por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien cuestionó duramente al presidente: “Mientras yo los combato, él los premia.
Petro es el único responsable si algo me pasa”, afirmó, haciendo referencia a las capturas que se produjeron durante su primera administración.
La polémica se suma a las tensiones políticas que rodean el proceso de Paz Urbana, generando un nuevo capítulo de enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la administración local en torno al tratamiento del crimen organizado en Medellín.
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