Se agudiza el calvario para las personas afiliadas a Nueva EPS, la principal promotora de salud de Colombia, con más de 10 millones de afiliados en los 32 departamentos del país y con presencia en el 98 % de los municipios colombianos. 

Por la persistencia de los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras, y por las trabas en la prestación de servicios a sus usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que prorrogará, por un año más, la intervención.

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    Según la Supersalud, Nueva EPS sigue sin presentar sus estados financieros y mantiene las causales de intervención contempladas en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993.

    Lo paradójico es que esos incumplimientos y trabas en la atención se han mantenido bajo la intervención del Gobierno nacional, sin que haya mejoras. 

    Por ejemplo, el gasto médico pasó de 96,05 % en 2022 a 98,98 % en 2023, que sumado al 3,5 % de gastos de administración llegó al 102 %, lo que quiere decir que el gasto superó los ingresos y agravó el déficit. 

    En 2021, la EPS tuvo ingresos por $12,32 billones y en 2022 creció aún más, con ingresos de $14,7 billones, recursos que provinieron en más de un 90 % de la UPC.

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    Solo en Rionegro, Nueva EPS tiene 34 000 afiliados, y en el Oriente en general tiene más de 144 000. En el caso particular de la Clínica Somer, esta había advertido que la EPS le adeuda más de 88 000 millones de pesos. 

    A esta situación se sumó la declaratoria de alerta por parte del Hospital San Juan de Dios de Rionegro, que en estos últimos días viene afrontando una demanda de servicios sin precedentes.

    Además, 19 clínicas y hospitales de Antioquia habían denunciado que están en crisis, pues las EPS les adeudan cerca de 2,3 billones de pesos, poniendo en riesgo la continuidad de sus operaciones.

    Antes de su intervención, la Nueva EPS cerró el 2023 con pérdidas superiores a $411 000 millones.

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