El Clan del Golfo —o como se autodenomina, Ejército Gaitanista de Colombia— ha distribuido panfletos en varios municipios del Oriente Antioqueño en un intento por atemorizar a la población local. Sin embargo, las autoridades han reafirmado su control y el mantenimiento del orden territorial, sin dar cabida o legitimidad a presuntos mensajes intimidatorios.
En el comunicado difundido por el presunto grupo armado aseguran basarse en supuestos principios de respeto a la población civil, la propiedad privada y los derechos humanos, destacando que ningún miembro del Ejército Gaitanista puede cometer actos que atenten contra la vida y los bienes de los ciudadanos. Afirman confrontar militarmente a grupos que afecten a las comunidades, incluyendo bandas de cobro y microtráfico que, según ellos, siembran miedo y corrompen a la juventud con la venta de drogas.
El panfleto menciona que sus hombres, tanto en zonas rurales como urbanas, tienen órdenes de controlar y neutralizar a cualquier grupo que intente incursionar en el Oriente Antioqueño. Subrayan que, por convicción y por estatutos internos, no utilizan la extorsión ni el secuestro como métodos de financiamiento, y que actúan en legítima defensa contra ataques.
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Finalmente, el comunicado señala que “se han presentado homicidios y amenazas a la población civil por conflictos internos entre las mismas bandas delincuenciales, que son lideradas por alias El Montañero, quien cambió su nombre por el de Gustavo Pérez Peña, sujeto que por décadas, y aún estando encarcelado, ha liderado a ‘Los Mesas’, que ahora se identifican como los ‘2-13’ (o ‘los del 13’), atacando con sevicia a la población civil que no se alinee con sus propósitos. Estos son los grupos que combatimos sin descanso”.
El presunto Clan del Golfo realiza un intento de legitimarse ante la población, intentando suplantar el accionar del monopolio del uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado a través de la fuerza pública.
Las autoridades locales permanecen con firmeza, manteniendo operaciones de seguridad para proteger a los ciudadanos y contrarrestar las acciones de los grupos armados. La fuerza pública continúa desplegada en la región para asegurar el orden y la tranquilidad de los habitantes del Oriente Antioqueño.
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