La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP informó que siete de los nueve militares imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad en el subcaso Antioquia (Oriente Antioqueño), aceptaron responsabilidad.
Este caso determinó los hechos y conductas que ocurrieron en el Oriente Antioqueño durante los años 2002 y 2003, atribuibles a miembros de la Cuarta Brigada, adscrita a la Primera División del Ejército Nacional.
Al respecto, el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero manifestó que no acepta responsabilidad respecto de las imputaciones hechas por la Sala, y el general (r) Mario Montoya solicitó la nulidad del proceso, respecto a las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
Ante este último escenario, la Sala de Reconocimiento de Verdad amplió el plazo 30 días hábiles más para que las víctimas se pronuncien sobre el auto y para que el alto oficial se pronuncie sobre la totalidad de las versiones voluntarias e informes del caso.
Por otra parte, el teniente coronel Nelson Enrique Carvajal Chisco, quien aceptó la responsabilidad, indicó que recibía presiones para entregar resultados de bajas: “Yo perdí el norte, presioné a mis subalternos, ideamos un plan criminal; basado en la estigmatización previa que existía sobre la población del Oriente Antioqueño (para nosotros toda la población era guerrillera), yo pensaba eso y así se lo hacía creer a mis subalternos, sin ninguna prueba, sin ninguna consideración por la vida, o por el dolor de esas familias”.
Asimismo, el coronel Julio Alberto Novoa Ruiz también reconoció su responsabilidad:
“Reconozco que con mi conducta contribuí al surgimiento y a la consolidación del fenómeno macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por miembros de la Cuarta Brigada durante el 2002 y 2003 en el Oriente Antioqueño, al mentir sobre la producción de bajas (muertos) pertenecientes a las Farc; al replicar la política de facto implementada por Mario Montoya Uribe, presionando, instigando e induciendo a los miembros del [batallón] BAJE para que reportaran bajas a toda costa y ordenando a los distintos niveles de la cadena de mando que no se debían reportar capturas ni retenciones; al disponer sin ningún tipo de control ni verificación el uso de guías que hacían las veces de informantes en el terreno e identificaban supuestos miembros y colaboradores de las Farc; al ordenar el ocultamiento de cuerpos y al ordenar, implícita y explícitamente, el asesinato de algunas personas retenidas”, aceptó ante la JEP.
Estas duras atrocidades se conocieron el pasado 30 de agosto de 2023, durante la imputación de cargos que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hizo efectiva en contra del general en retiro Mario Montoya Uribe y otros ocho exmilitares, por los 130 casos de “falsos positivos” ocurridos en el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2003.
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Según datos de la JEP, 57 de los crímenes documentados se registraron en 2002 y 77 corresponden a 2003; todos ellos perpetrados, presuntamente, bajo presiones contra los miembros de las fuerzas militares, a quienes les exigían, mediante “un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre”, obtener bajas en combate.
A través de la Sala de Reconocimiento de Verdad se detalló que la mayoría de esos crímenes se cometieron en los municipios de San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná.
No se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control
aseguró la Jurisdicción Especial para la Paz.
Como consecuencia, hasta mujeres y niños fueron presentados como bajas en combate. Los casos documentados por la JEP establecen que al menos 11 niños, cuatro niñas y cinco mujeres se cuentan entre los “falsos positivos” ocurridos en estos años.
En uno de esos hechos incluso se contaron como bajas en combate dos niñas que estudiaban en un colegio de San Rafael, quienes murieron en medio de una emboscada contra una camioneta que era conducida por un paramilitar.
