El Sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Sinpec) anunció la implementación de un «Plan Reglamento» (una especie de protesta) como respuesta a los reiterados hechos de violencia en contra de su personal.
La medida, que consiste en la suspensión de la recepción de nuevos reclusos hasta que se garanticen condiciones de seguridad adecuadas, fue confirmada por Felipe Quimbayo, vicepresidente del Sindicato del Inpec.
El sindicato ha instado al Gobierno nacional, y en particular a la ministra de Justicia, a intervenir para mejorar la seguridad de los dragoneantes y de los privados de la libertad. Según Quimbayo, la situación en el Valle de Aburrá es crítica, con al menos 800 dragoneantes de las cárceles de Medellín, Bello e Itagüí sumados a la protesta.
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El «Plan Reglamento» también se ha extendido a otras regiones del país, como Cúcuta, Bucaramanga y Jamundí. Durante la medida, se permitirá el ingreso de personal a los centros penitenciarios, pero los nuevos internos solo serán admitidos si se cumplen condiciones de dignidad humana, lo que incluye la provisión de colchonetas y kits humanitarios.
En la cárcel El Pedregal, por ejemplo, la situación es alarmante: 13 uniformadas deben atender a 1 300 internas, mientras que en la cárcel de hombres hay solo 17 dragoneantes para más de 2 400 reclusos. Además, en el caso de los más de 6 000 internos que cumplen sus penas en casa, la vigilancia está a cargo de apenas tres dragoneantes.
El sindicato ha recalcado que las cifras actuales son preocupantes y espera que el Gobierno tome acciones para mejorar las condiciones laborales y de seguridad en los centros de reclusión del país.
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