La JEP imputa a civiles, exguerrilleros y militares por crímenes de guerra

Imagen tomada de la cuenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en X. 9/12/2025

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho exintegrantes de las extintas Farc, 21 miembros de la fuerza pública y cinco civiles por su presunta participación en ejecuciones presentadas falsamente como bajas en combate —o “falsos positivos”— que fueron perpetradas entre 1997 y 2007.

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Esta es la primera vez que la JEP vincula de manera conjunta a exguerrilleros, militares y civiles como terceros implicados dentro de un mismo patrón de macrocriminalidad, al reconocer que en esos crímenes, cometidos en los departamentos de Antioquia y Chocó se desplegaron “estrategias de violencia, control social y apropiación territorial” por parte de distintos actores armados y económicos, según informó el tribunal.

Los civiles imputados eran “voluntarios vinculados a proyectos de ganadería extensiva y agroindustria, asociados al Fondo Ganadero de Córdoba (FGC)”, explicó la JEP, que identificó entre ellos al entonces presidente de la junta directiva, Benito Molina; al gerente, Benito Osorio; al asesor jurídico Carmelo Esquivia; así como a los directivos Luis Gonzalo Gallo y Jaime García.

Según anotó la JEP, se determinó que los terceros civiles vinculados al Caso 04 desempeñaron un papel decisivo en el despojo y la apropiación ilegal de tierras en Urabá. “Estos actores cometieron estas acciones en estrecha coordinación con el Fondo Ganadero de Córdoba, una entidad de economía mixta que fue instrumentalizada para facilitar la compra masiva de predios en medio de escenarios de violencia y desplazamiento forzado”, afirmó el tribunal.

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Por su parte, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín dijo que “todos [los implicados] participaron de una forma clara, directa e indirecta en las hostilidades, en el crimen, en sus motivaciones y se beneficiaron también de lo ocurrido”.

Para esta investigación hicieron aportes 157 comparecientes en 254 sesiones de versiones: 66 con comparecientes de las Farc-EP (14 individuales y 52 colectivas), 170 con la fuerza pública y 18 con terceros civiles.

“Estamos intentando develar los fines, las causas que motivaron estos crímenes. La metodología territorial nos permite vincular diferentes actores (…), entender cómo se articulan con el conflicto, con la guerra, con los intereses económicos”, añadió la magistrada Henríquez Chacín.

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