Hasta largas horas de la noche de ayer martes se alargó la reunión de los tres precandidatos presidenciales Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, con el presidente de la República, Gustavo Petro.
La reunión se dio en la Casa de Nariño, donde analizaron los alcances de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que frenó la consulta interna del Pacto Histórico programada para el 26 de octubre, y de donde se esperaba saliera el candidato único del petrismo.
Recordemos que, inicialmente, hubo una decisión que suspendió la fusión de los partidos que quieren integrar el Pacto, debido a las investigaciones en curso que recaen sobre algunas colectividades, especialmente la Colombia Humana.
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Luego, gracias a una tutela interpuesta por Carolina Corcho, se emitió una medida provisional que suspendió dicha decisión, con lo cual se dijo que la consulta volvía a quedar en firme.
Sin embargo, ayer se conoció la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior que dejó sin efectos la tutela y determinó que la consulta del Pacto no se podría dar.
Pero todo se dio vuelta otra vez. Al finalizar la reunión de ayer, los precandidatos insistieron en que la consulta sigue firme, pues la Registraduría no ha sido notificada sobre la decisión del tribunal.
Otra opción que está sobre la mesa es que los precandidatos sí se sometan a una consulta, pero de manera independiente a través del Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático, partidos que hoy podrían integrar el Pacto Histórico, sin Colombia Humana ni Progresistas.
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En el fallo, los magistrados recordaron que el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y una sentencia de la Corte Constitucional impiden que los partidos se fusionen o liquiden mientras estén bajo investigación. De esa manera, las inscripciones hechas con base en la medida temporal del pasado 25 de septiembre quedaron sin soporte legal, lo que obliga al Pacto Histórico a suspender su consulta interna y a revisar su calendario político.
La decisión representa un revés significativo para el petrismo, que aspiraba a consolidar su estructura partidista y medir fuerzas entre sus principales liderazgos. No obstante, el fallo deja abierta la posibilidad de que, si el CNE resuelve los procesos disciplinarios antes del 8 de noviembre, la coalición pueda recuperar su personería jurídica y participar de manera formal en las elecciones legislativas de 2026.
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