El partido Centro Democrático ha decidido presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional aprobada recientemente por el Congreso, argumentando que no fue discutida adecuadamente en la Cámara de Representantes. Esta decisión, anunciada por el representante Juan Espinal, responde a la aprobación exprés de una proposición que permitió que el proyecto avanzara sin un debate exhaustivo.

La reforma pensional, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, debía conciliarse con el texto aprobado por el Senado en abril. Sin embargo, tras aprobar la ponencia que daba vía libre a la iniciativa, se sometió a votación una proposición para acoger el texto del Senado sin mayor análisis. Este procedimiento, justificaron sus defensores, fue necesario debido a los apretados tiempos legislativos, ya que si el proyecto no se aprobaba antes del 20 de junio, sería archivado.

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    La proposición argumentaba que había habido un debate “riguroso, meditado y democrático” del proyecto, asegurando que los congresistas conocían a profundidad el texto del Senado. No obstante, esta decisión fue vista como una maniobra para evitar un análisis detallado, desatando la indignación entre los parlamentarios de oposición e independientes.

    La representante Jennifer Pedraza (Dignidad) criticó duramente el proceso, señalando que aún había tiempo y mayorías para estudiar la iniciativa. Pedraza alertó sobre el riesgo de que la reforma sea declarada inconstitucional: “Cuando se caiga la reforma en la Corte Constitucional, no digan que fue golpe blando. Les advertimos antes de votar y aun así decidieron arrasar”. Además, lamentó que se diera vía libre a puntos controvertidos como las “altísimas comisiones” para los fondos privados.

    Según Espinal, la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico presenta varios problemas graves. “Vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hasta el último minuto vamos a defender los recursos de las pensiones de los colombianos. No vamos a permitir que el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico se apropien de $460 billones que es el ahorro de más de 16 millones de colombianos para que hagan politiquería en el año 2026”, declaró Espinal.

    El representante destacó su preocupación por aspectos específicos de la reforma, como la equiparación de un subsidio con la pensión, la supuesta expropiación del ahorro de los trabajadores y el riesgo para la sostenibilidad del nuevo sistema.

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    Lo que procede es solicitar a la Corte que tumbe la reforma. Una reforma que además tiene temas muy complejos de fondo como equiparar un subsidio con la pensión, expropiar el ahorro de los trabajadores y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema nuevo

    dijo.

    La aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 14 de junio de 2024, con 86 votos a favor y 32 en contra. La medida, que ratificó el texto previamente aprobado por el Senado, representa un paso crucial hacia la implementación de la reforma, ya que solo falta la sanción presidencial de Gustavo Petro para que se aplique en todo el país.

    En respuesta a las críticas, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, aseguró que la entidad está preparada para administrar las pensiones de la mayoría de los colombianos según lo establecido por la reforma. “He dicho claramente que ya tenemos un sistema tecnológico moderno de nivel internacional; contamos con un equipo de profesionales capacitados y bien preparados para responder a las situaciones que se presenten”, señaló Dussán.

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