Consulta popular llega este jueves al Senado: ¿cuándo se convocaría a las urnas?

Foto: Agencia EFE.

El presidente Gustavo Petro radicará la consulta popular en el Senado de la República este jueves 1 de mayo, misma jornada en la que espera manifestaciones en varias ciudades del país que la respalden con marchas multitudinarias.

El Gobierno Petro busca llevar a cabo la que sería la segunda consulta popular nacional en la historia de Colombia. La primera fue la consulta anticorrupción que se votó en el 2018, y la cual no pasó debido a que faltaron 500 000 votos para completar el censo electoral requerido.

Tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el Gobierno nacional comenzó a promover la consulta que, luego de varias semanas de discusión, será radicada hoy por el presidente ante la secretaría general de esa misma corporación.

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El Senado tendría 20 días para emitir un concepto que debe ser favorable, aunque el plazo se puede prorrogar bajo ciertos criterios hasta 10 días más. 

Si el concepto es favorable, vendría la revisión de la Corte Constitucional a las preguntas que se harían en la consulta. Según se ha entregado por anticipado, se trata de 12 preguntas, todas ellas fundamentadas en la fallida reforma laboral, que en la última ocasión ni siquiera se debatió. 

Si el proceso surte, la Registraduría tendrá cuatro meses para convocar a elecciones en todo el territorio nacional. 

Para que la consulta sea aprobada se requiere que salga a las urnas una tercera parte del censo electoral, es decir, más de 13 millones de ciudadanos. En ese caso, se necesita que gane el “sí” versus el “no” en las preguntas. 

En este tipo de procesos democráticos no se pueden incluir textos que cambien la Constitución Política, ni tampoco se pueden tramitar textos de leyes.

Las 12 preguntas de la consulta popular

1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por períodos menstruales incapacitantes?

5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del Sena y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

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El Gobierno Petro se la juega con la consulta popular

El presidente Petro les pidió a los colombianos el apoyo a la consulta mediante nuevas marchas multitudinarias, esperando que cerca de 10 millones de ciudadanos salgan este 1 de mayo a manifestarse en respaldo a la propuesta.

La campaña a favor de la consulta popular argumenta, principalmente, la necesidad de eliminar la tercerización, cerrar brechas, lograr dignidad para aprendices, pagos justos por trabajo nocturno, dominical y festivo, formalización (más de 13 millones de trabajadores hoy no aportan a seguridad social), etc.

“¿Sabías que desde el 2002 los trabajadores en Colombia dejaron de recibir los recargos nocturnos y dejaron de recibir 21 millones de pesos al año? Queremos que esto cambie, por eso decimos #SíALaConsultaPopular”, afirma el Gobierno en una publicación de la cuenta de X de la Presidencia de la República.

Para defender que haya licencias por períodos menstruales incapacitantes, el Gobierno dice que “Entre el 20 y el 30 % de las mujeres experimentan menstruaciones incapacitantes; el 36,6 % de la población está en edad de menstruar y aproximadamente 17,3 millones de mujeres y personas menstruantes están en la fuerza laboral”.

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También se afirma que “En Colombia solo el 20,7 % de las personas con discapacidad tienen empleo. Buscamos que el país avance hacia un futuro en el que todos los colombianos y colombianas puedan trabajar con dignidad, sin barreras ni exclusiones”.

Argumentos en contra

Empresarios y sectores productivos argumentan, principalmente, que el Congreso ya hundió la reforma laboral en dos ocasiones, a lo que adicionan un posible encarecimiento del 30 % en costos laborales y la posible pérdida de 450 000 empleos —según el Banco de la República—. 

Otro argumento en contra es que la reforma, vía consulta popular, generaría más gastos para el sector productivo, especialmente para empresas medianas y pequeñas. Según Juliana Morad Acero, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, se trata de un sector “que tiene una dificultad económica (…) Podría ser el peor caldo de cultivo para incrementar desempleo e informalidad teniendo en cuenta las características particulares de nuestro mercado laboral”.

Desde Fenalco afirmaron que “las preguntas de la consulta son amañadas y no apuntan a solucionar el grave problema de desempleo en el país”, a lo que se sumó la crítica por el gasto que implicaría llevar a cabo la consulta (calculó unos 700 000 millones de pesos), a pesar de que el Senado ya ha hundido dos veces la reforma laboral.

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