Hace seis años fue implosionado el edificio Altos del Lago en Rionegro, ubicado cerca del lago Santander, donde decenas de familias vieron caer sus sueños debido a los errores constructivos que presentaba la estructura de origen privado.
Desde ese momento inició un largo y difícil camino jurídico. Uno de los momentos más significativos ocurrió en 2023 cuando un juzgado ordenó que el municipio debía pagar el 25 % de los dineros compensatorios (multa) a las familias afectadas ($7 299 millones de pesos), mientras que la constructora Sincc debía pagar el 75 % de los dineros restantes ($21 897 millones).
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Sin embargo, esta multa se ordenó pagar bajo la modalidad solidaria, es decir que los afectados le podían cobrar los dineros a cualquiera de las dos partes, fuera al Municipio o a la constructora (que fue liquidada).
Esos dineros se debían pagar al Fondo de Defensa de Derechos de Intereses Colectivos, liderado por la Defensoría del Pueblo. En un proceso inicial hay 63 familias reconocidas como víctimas, sumadas a otras 28 personas que han hecho la solicitud, pero que aún no están reconocidas.
La noticia reciente que se ha conocido es la del Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín, la cual acaba de ordenarle a la Alcaldía de Rionegro responder por el 75 % de los dineros que le correspondían a la constructora. Esto, pese a las apelaciones que ha presentado el municipio.
En diálogo con MiOriente, el abogado Santiago Rojas Díaz explicó que el cumplimiento del pago de los dineros debe ser inmediato, pues de lo contrario podría iniciar un proceso de embargo en contra del Municipio.
La respuesta de la Alcaldía de Rionegro:
La Administración del alcalde Jorge Rivas dijo que acatará en su totalidad la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en segunda instancia.
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Sin embargo, aclara que esta decisión compromete significativamente las finanzas del municipio, que requiere recursos para ejecutar distintos proyectos en pro de la comunidad.
“Pese a que el fallo no fue favorable a los intereses del municipio, reiteramos que se adelantaron todas las acciones jurídicas pertinentes dentro del marco legal establecido en defensa del patrimonio público. Así mismo, el área jurídica se encuentra elaborando el acto administrativo de reconocimiento del valor restante, cumpliendo con los procedimientos legales y garantizando transparencia en este proceso”, dijo la Alcaldía.
El alcalde Jorge Rivas Urrea ha sido enfático en afirmar que, aunque esta obligación compromete significativamente las finanzas del municipio, su Administración actuará con total responsabilidad y respeto por la justicia, velando siempre por la protección de los recursos públicos y el bienestar colectivo.
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