A mediados de julio de este año, la Gobernación de Antioquia retiró el proyecto de ordenanza que había presentado ante la Asamblea para crear una nueva contribución que fue conocida como el “impuesto para la seguridad”.
En ese momento generó polémica, y luego de un análisis jurídico el proyecto fue retirado.
Ahora, cuatro meses después, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció que presentó nuevamente el proyecto, con el fin de recaudar 1,2 billones de pesos, entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2027.
Según dijo, las familias que viven en estratos 1, 2 y 3 no pagarán este tributo, por lo que el 85 % de los hogares estarían exentos.
Sin embargo, la noticia genera preocupación en los sectores que tendrían que pagar el impuesto: sectores residenciales de estrato 4, 5 y 6, comerciales, industriales y oficiales.
¿Cómo sería el cobro?
Entre enero de 2025 y diciembre de 2027 se cobraría a través de la factura de energía.
El valor se calculará según el consumo de energía en kilovatio / hora por una fracción de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para el año vigente.
¿En qué se invertirán los dineros?
Los recursos se invertirán en cámaras de seguridad, creación de la línea 123 en Antioquia, una cárcel departamental para 1 000 privados de la libertad, infraestructura para la Fuerza Pública en estaciones de policía y batallones, dotación de los EMPÁS en 25 zonas de las nueve subregiones, dotación de fibra óptica, y en la adecuación de cinco mil escenarios deportivos.
«En Antioquia elegimos hacer que las cosas pasen. Para mí sería muy cómodo dedicarme a esperar a que termine el gobierno de Petro y que mejoren las condiciones de seguridad, o le inviertan a la Fuerza Pública, que hoy no tiene ni gasolina, que no puede operar eficientemente sus helicópteros, que ya ven ustedes cómo se está cayendo la infraestructura. Pero yo me comprometí con los antioqueños a servirles con rigor, con amor, por eso presentaremos esta iniciativa ante la Asamblea”, dijo el gobernador Andrés Julián Rendón.
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