El Congreso de Colombia ha aprobado la ley 172/23, una legislación crucial que elimina el costo de los derechos de grado para los estudiantes más vulnerables en las instituciones públicas del país. Esta nueva ley representa un avance significativo en la lucha por la equidad en la educación superior, eliminando una de las barreras económicas más importantes que enfrentan los estudiantes al concluir sus estudios.
La ley está dirigida a beneficiar a los estudiantes clasificados en los grupos A, B y C del Sisbén IV, así como a miembros de grupos étnicos, población campesina, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidades. Con la implementación de esta normativa, se espera reducir la carga financiera para estos grupos, permitiéndoles acceder a la graduación sin el obstáculo de un costo adicional.
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Actualmente, el costo promedio de los derechos de grado en universidades públicas en Colombia ronda el millón de pesos, una suma que desmotiva a muchos estudiantes de bajos recursos. Con la nueva ley, estos costos serán eliminados, aliviando así la presión financiera sobre los estudiantes y sus familias.
La senadora Ana María Castañeda, una de las impulsoras del proyecto, expresó: “Con esta iniciativa del representante Silvio Carrasquilla, beneficiamos a jóvenes de sectores vulnerables y estamos aliviando la carga financiera de los que ya terminaron su carrera universitaria. Esta ley asegura que no tendrán que pagar por un derecho que ya se han ganado con esfuerzo y dedicación académica”.
El objetivo principal de la ley 172/23 es disminuir las barreras económicas para los estudiantes de bajos recursos al ingresar y concluir su educación superior. La aprobación de esta ley también responde a las políticas de gratuidad en la matrícula y facilita el acceso a la formación superior para las poblaciones más vulnerables del país.
La ley 172/23 es un paso importante hacia la equidad en la educación superior en Colombia. Al eliminar el costo de los derechos de grado para los estudiantes más vulnerables, se abren nuevas oportunidades para que más jóvenes puedan completar su formación académica sin enfrentar obstáculos económicos significativos. Esta medida, apoyada por el Ministerio de Educación, representa un avance en la inclusión y la igualdad de oportunidades en el sistema educativo colombiano.
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