Con la luz verde de la Corte Constitucional, avanza a sanción presidencial la ley de Habeas Data Financiero, más conocida como ley “borrón y cuenta nueva”, promovida desde el Congreso que, entretanto, busca eliminar los reportes negativos que cerca de 10 millones de colombianos tienen en las Centrales de Riesgo.
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La normativa establece una amnistía por única vez para las personas que se pongan al día con las deudas en los primeros 12 meses de vigencia de la ley o lo hayan hecho con anterioridad. Cancelando ese dinero, saldrán de las Centrales de Riesgo en máximo seis meses.
Ahora bien, estudiantes con créditos educativos del Icetex, pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado que se pongan al día, saldrían inmediatamente del reporte negativo.
Puntos importantes de la ley
No estar marcado como deudor moroso en las Centrales de Riesgo le permitirá abrir nuevamente las puertas que dan acceso al sistema financiero del país, pues su rendimiento crediticio es la carta de presentación ante las empresas colombianas.
Además de esta disposición, la ley prohíbe la consulta a las Centrales de Riesgo a la hora de otorgar un empleo (excepto para empleados del sector financiero). También se reguló que la calificación crediticia deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo.
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A la hora de otorgar un producto o un crédito, las entidades del sistema financiero no podrán usar exclusivamente el historial crediticio. Deberán considerar otros factores o elementos de juicio que inciden en el estudio de riesgo. Igualmente, se les exige indicar por escrito los motivos del rechazo de una solicitud.
Frente a la aprobación de este proyecto, las entidades involucradas consideran que la emisión de créditos para personas naturales y jurídicas tendrá mayores restricciones por la falta de garantías e información de los solicitantes.
Finalmente, como operaba en años pasados, el tiempo del reporte negativo en las Centrales de Riesgo -después de la amnistía de 12 meses- será del doble del tiempo de la mora y hasta máximo cuatro años.
Solo falta el aval del presidente Iván Duque para convertir el proyecto en ley de la República.
