La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) realizó una reunión extraordinaria con secretarios y funcionarios del sector salud de más de 25 ciudades capitales para analizar la crisis operativa y financiera de la Nueva EPS. Allí, dicha organización manifestó su respaldo a la acción popular interpuesta por Medellín para exigir que el Gobierno nacional y las EPS paguen las deudas a los hospitales y clínicas, asegurando así la prestación de servicios, con el objetivo de proteger el derecho a la salud de los ciudadanos.
Cualquier entidad o ciudad capital se puede adherir a dicha acción, pues, según explicaron, los fundamentos tienen toda la viabilidad para que cualquier entidad se pueda vincular y aportar sus evidencias. En dicho encuentro se advirtió que las ciudades capitales enfrentan un colapso en la atención, derivado del incumplimiento del Gobierno nacional y de las EPS intervenidas.
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La acción popular fue interpuesta el 29 de mayo por la Alcaldía de Medellín para exigir que el Gobierno nacional y las EPS sanen las carteras con las diferentes IPS y hospitales. Esta acción fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en julio de 2025 y este emitió una medida cautelar para obligar al pago, pero el Gobierno incumplió el plazo.
Pese a la orden clara del tribunal, el Estado no cumplió con las medidas cautelares en el plazo de 30 días. Este incumplimiento, según la Alcaldía de Medellín, profundiza el deterioro del sistema local, aumenta la presión sobre clínicas y hospitales y pone en riesgo la atención de tratamientos críticos, urgencias, citas especializadas y entrega de medicamentos. Por ello, el Distrito radicó un incidente de desacato que obligue al cumplimiento inmediato de lo ordenado.
Según informes oficiales, la Nueva EPS —la aseguradora más grande de Colombia, con más de 11,7 millones de afiliados— enfrenta un deterioro profundo: la deuda pasó de $5,42 billones (dic. 2022) a $21,37 billones (mar. 2025), de acuerdo con la Contraloría General; existen 22 millones de facturas sin auditar, que suman $22,1 billones, y se reportan graves fallas contables y administrativas, además de suspensión y restricción de servicios médicos y ruptura en la cadena de medicamentos.
La Alcaldía de Medellín afirmó que utilizará todas las herramientas legales e institucionales disponibles para enfrentar la crisis. Las ciudades capitales acordaron avanzar en la adhesión a la acción popular y en el estudio de una posible declaratoria de estado de cosas inconstitucional en salud.
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