(EFE). La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) presentó este miércoles ante el Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que lo condenó a doce años de prisión domiciliaria, alegando sesgos políticos y violación de garantías procesales.
En la apelación, de 904 páginas, los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana pidieron al tribunal que “revoque parcialmente” el fallo condenatorio contra el exmandatario y que lo absuelva de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por los que fue condenado.
Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo hallara culpable por estos dos delitos en el llamado “juicio del siglo” en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.
Heredia lo absolvió del delito de soborno simple, pero lo condenó a doce años de prisión domiciliaria por haber pagado en 2018, a través del abogado Diego Cadena, a exparamilitares presos a cambio de que no lo vincularan con el paramilitarismo de derecha que combatía a las guerrillas izquierdistas en el conflicto armado colombiano.
La defensa de Uribe, que ya había anunciado que apelaría la sentencia en primera instancia, sostuvo que “en manifestación de lo que es justo, la condena debe ser revocada y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez debe ser restablecida”.
“Independientemente de lo que se determine, la libertad del doctor Uribe debe ser reestablecida con el pronunciamiento de segunda instancia, pues no existe necesidad de que esté detenido, como equivocadamente lo ordenó la primera instancia, mientras el fallo cobra firmeza”, insistieron los abogados.
Los argumentos de Uribe
El recurso de apelación alega que Heredia, en la lectura del fallo, hizo un discurso cargado de referencias políticas, vulnerando la imparcialidad judicial y demostrando sesgos “políticos y personales”.
En ese sentido, señala el riesgo de instrumentalización de la Justicia y una supuesta vulneración de la imparcialidad judicial.
“En el presente caso, no se logró configurar la calidad de determinador atribuida al doctor Álvaro Uribe Vélez, dado que a lo largo del acervo probatorio no se presentó prueba alguna que evidenciara de manera directa, clara e inequívoca la existencia de una conducta encaminada a inducir o instigar la comisión de los hechos imputados”, sostiene el recurso.
El documento también señala que la decisión de la jueza de admitir intercepciones telefónicas entre Uribe y Cadena vulnera el secreto profesional entre abogado y cliente, y la acusa de una valoración sesgada en las pruebas testimoniales y periciales, según favorecieran o perjudicaran al expresidente.
Este caso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra.
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