En un discurso desde Ciudad Bolívar, Bogotá, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo de corrupción que ha sacudido a su gobierno. Haciendo referencia a las recientes acusaciones de exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Petro aseguró que están intentando desacreditarlo para detener las reformas que impulsa su administración.
El mandatario no mencionó directamente a los abogados José Luis Moreno y Gustavo Moreno, pero señaló a “Unos abogados muy famosos por su línea delictiva, incluidos los del cartel de la contratación de Bogotá, cogieron el tema en sus manos. Y algunos están extorsionando funcionarios bajo la tesis construida periodísticamente de la señora de siempre, de que el presidente compró con dinero público congresistas para aprobar las reformas. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe”, dijo el jefe de Estado, haciendo referencia al cartel de la contratación de Bogotá.
Además, destacó que estas acusaciones están relacionadas con una estrategia para obstaculizar las reformas en el Congreso.
En el pasado hicieron suicidar a un coronel de la Policía y estaban diciendo que lo habíamos mandado a matar nosotros en la prensa. Ahora están haciendo algo peor. El que la hace la paga, pero no se van a limpiar con mi dignidad
afirmó Petro, quien denunció que se está orquestando un golpe en su contra.
En este contexto, el presidente envió un mensaje a la vicepresidenta Francia Márquez —quien previamente había condenado la corrupción en el gobierno— afirmando que es necesario separar a los funcionarios que se roban recursos públicos.
Estas declaraciones se dan en medio de la expectativa por las declaraciones que harán Olmedo López y Sneyder Pinilla ante la Fiscalía. López está programado para declarar el martes, mientras que Pinilla lo hará también esta semana. Ambos exfuncionarios de la UNGRD han señalado a figuras de alto cargo en el gobierno, incluso al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle, de haber recibido millonarias sumas de dinero para favorecer el trámite de las reformas del Ejecutivo en el legislativo.
Mientras tanto, la renuncia de la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y la permanencia del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, en su cargo, marcan un giro en el manejo gubernamental de esta crisis.
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