La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó en versión voluntaria, por falsos positivos, al Mayor del Ejército Erik Barrera Alvarado. Él es procesado por la presunta ejecución extrajudicial de cinco personas en San Rafael en el año 2002.
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Esta conversación, en la que estuvieron presentes la Procuraduría, la JEP y su defensa, es el primer paso que da la investigación en el tribunal. El diálogo fue a puerta cerrada y su contenido solo saldrá a la luz cuando se realice -si se reconocen las responsabilidades- en una audiencia pública.
Los hechos tuvieron lugar en zona rural de San Rafael cuando los hombres que él tenía a cargo, del Batallón de Artillería número 4, atacaron una camioneta donde, supuestamente, se movilizaban integrantes de las FARC que iban a derrumbar un puente en la época de elecciones.
Según el expediente que reposa en la Jurisdicción Especial para la Paz, en ese escenario murieron dos niñas de 12 y 13 años que, junto a los demás ocupantes, fueron presentados como guerrilleros con armamento y camuflado. Sin embargo, uno de los testimonios recopilados por la JEP informó que las víctimas iban vestidas de civil.
A las víctimas las sacaron del pantalón y les pusieron el armamento, los cuerpos los colocaron en la vía
le dijo un testigo a la Fiscalía.
Incluso, el general retirado Mario Montoya, comandante -para la época- de la Cuarta Brigada y hoy también procesado por falsos positivos, se desplazó hacia la zona para participar de una rueda de prensa donde presentó las bajas en combate.
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En Antioquia, con base en los datos de la JEP, se habría cometido el 25 % del total de los casos de víctimas de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2008 en Colombia. La Cuarta Brigada del Ejército podría ser la responsable del 73 % de las muertes identificadas entre los años 2000 y 2013 en esta materia.
En cuanto al Oriente Antioqueño, en la agenda de la Jurisdicción Especial para la Paz están priorizados los hechos ocurridos entre enero de 2003 y 2005.
