La multinacional de origen español Keralty, fundada en 1980, calificó de “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminada” la intervención que la Superintendencia de Salud inició desde ayer miércoles contra la EPS Sanitas.
El grupo empresarial, incluso, dijo que la decisión del gobierno parece una orden de “expropiación”, pues no tuvo en cuenta los múltiples esfuerzos que venía haciendo la EPS.
Señalaron que en diciembre de 2023 habían presentado un plan de reorganización, pero nunca obtuvieron respuesta, y que la crisis que hoy sortean fue creada por el propio gobierno.
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Dichas problemáticas fueron alertadas oportunamente en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud, la Adres y otras instituciones, sin encontrar soluciones
mencionaron.
Para Keralty, la medida de Supersalud puede comprometer la prestación del servicio a 5,8 millones de afiliados.
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