La decisión del fiscal delegado de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe fue adoptada luego de dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes que resultaron desestimadas por las jueces penales del circuito, quienes consideraron que había pruebas suficientes para seguir con el caso adelante.
Cuando la Fiscalía General de la Nación anunció esta decisión, también puntualizó que “garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo. Ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo”.
Por estos delitos, el expresidente podría pagar 12 años de prisión, sin embargo, la acusación, las audiencias preparatorias y el juicio deben finalizar antes del 8 de octubre de 2025, de lo contrario el caso prescribirá y no se podrá seguir adelante con el mismo.
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Pero ¿por qué Uribe va a juicio? Porque en 2012 el expresidente denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente estar dando beneficios a exparamilitares para que lo señalaran a él y a su familia de tener nexos con los paramilitares, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia y dispuso que Uribe era el que estaba cometiendo las irregularidades contra Cepeda.
De hecho, en el escrito de acusación contra el expresidente, la Fiscalía señaló que “Uribe Vélez contó con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo (…) materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos y/u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente cierto(a)s o que no correspondían a la realidad”.
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