Un operativo de la Policía permitió detener a un empleado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que, al parecer, realizaba excavaciones en una propiedad estatal en busca de escondites ilegales. El hecho ocurrió en una casa que fue propiedad de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, uno de los principales líderes del extinto cartel del Norte del Valle.

Según los reportes preliminares, el funcionario capturado es Carlos Andrés Cruz Jurado, quien hacía parte de la sede regional Sur de la entidad desde junio de 2024. La información oficial indica que fue sorprendido con otras personas, aún no identificadas, removiendo estructuras internas del inmueble (como pisos y muros) sin autorización y con aparente intención de encontrar bienes ocultos por organizaciones criminales.

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    Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en poder del funcionario varios documentos, entre ellos contratos de mantenimiento supuestamente apócrifos, que podrían haber sido utilizados como justificación para ingresar al lugar. La situación plantea la posibilidad de una operación ilegal organizada desde el interior de la entidad, encargada de administrar propiedades incautadas al crimen.

    Una vez conocido el caso, la SAE anunció que el empleado fue retirado inmediatamente de su cargo y que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. La entidad también expresó su disposición a colaborar con las investigaciones para establecer si hay más personas implicadas y aclarar las circunstancias de lo ocurrido.

    El predio intervenido, actualmente bajo custodia del Estado, fue incautado hace varios años como parte de los operativos contra bienes adquiridos con dineros del narcotráfico. En su momento, se atribuyó al exnarcotraficante Ramírez Abadía, conocido por ser uno de los financiadores del tráfico internacional de cocaína y quien fue extraditado a Estados Unidos.

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    Este episodio ocurre en medio de crecientes denuncias sobre presuntas anomalías internas en la SAE, entre ellas señalamientos sobre irregularidades administrativas y presiones laborales bajo la actual dirección.

    Las autoridades judiciales aún no han dado detalles sobre los otros individuos que acompañaban al funcionario ni han confirmado si efectivamente se encontraron caletas o elementos ocultos en la vivienda. El proceso de investigación continúa.

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