La empresa colombiana de pollo frito, Frisby, a través de un comunicado, se refirió a la polémica que se ha generado en el país por la aparición de una empresa de nombre “Frisby”, en Europa, específicamente, en España, la cual estaría próxima a abrir varios establecimientos para la venta de pollo frito.

Desde el Frisby colombiano, y para muchos internautas, el auténtico, explicaron que la situación relacionada con "Frisby España SL", nombre completo de la otra compañía, no corresponde en ningún caso a una estrategia de marketing; por el contrario, aseveraron que se trata de un asunto legal que está en conocimiento de las autoridades competentes, según indicaron, para defender la marca nacional.

    • “Se trata de un asunto estrictamente legal que está siendo gestionado ante las autoridades competentes y en las instancias correspondientes. Es clave dejar en firme que Frisby S.A. BIC cuenta con registro de marca vigente en la Unión Europea, en España y en otros países del mundo. En consecuencia, estamos dispuestos a defender la marca y sus atributos de amplio reconocimiento, a través de los mecanismos legales respectivos”, reza el comunicado del Frisby colombiano. Rechazaron también cualquier uso indebido de su identidad de marca, y el supuesto aprovechamiento de la reputación y trayectoria de la misma.

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    Versión de Frisby España

    La marca española respondió que el Frisby colombiano posee una marca gráfica en la Unión Europea, registrada en 2004, la cual, según indicaron, se encuentra en proceso de caducidad por falta de uso serio y comprobado desde hace más de una década.

    “En consecuencia, de conformidad con lo legislación aplicable, dicha marca está sujeta a la extinción total de los derechos conferidos, incluidos los derechos de oposición y de reclamación. A diferencia de ello, Frisby España SI cuento con un marco denominativo registrado, en vigor, en uso efectivo y comprobable, conforme a las exigencias de lo Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea”.

    Por último, desde Frisby España rechazaron lo que llamaron intentos de presión mediática o desprestigio y advirtieron que si esa supuesta conducta se mantiene, ejercerán acciones legales por difamación, competencia desleal y daños reputacionales ante las jurisdicciones competentes.