Empresarios de Ecuador y Colombia alertaron este lunes de pérdidas millonarias y del riesgo para miles de empleos que representa la guerra comercial entre ambos países, con la imposición de aranceles a las importaciones del 50 % y 30 %, respectivamente, y reclamaron un diálogo urgente al más alto nivel para evitar que el impacto se profundice.
«Desde el sector exportador advertimos que el potencial riesgo de la implementación de esta escalada arancelaria son al menos 25 millones de dólares por mes. Y si es que toma forma el anuncio del 50 % para casi la totalidad de la oferta exportable del Ecuador, esto ascendería a 75 millones. El impacto se podría triplicar», declaró Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).
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La guerra comercial entre ambos países la inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30 % a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno Petro en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
Colombia respondió con aranceles a 73 productos, que entraron en vigor la semana pasada, y otras medidas; y Ecuador aumentó el gravamen al 50 % desde el pasado domingo.
El posicionamiento de los gremios se produjo en un encuentro celebrado en Quito, con la participación virtual de empresarios colombianos, donde Rosero también advirtió que hay 40 000 empleos directos ligados a la cadena exportadora que podrían verse afectados.
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En el frente de las importaciones, los empresarios ecuatorianos aseguraron que desde el 1 hasta el 21 de febrero las compras desde Colombia disminuyeron un 69 % en valor y un 61 % en número de operaciones, lo que afecta a más de 7 600 importadores.
Desde la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), por ejemplo, afirmaron que al país ingresa un 15 % de insumos médicos desde Colombia, por lo que, con la tasa del 50 %, el costo adicional sería de 21 millones de dólares.
Los empresarios también advirtieron que esta medida abre espacio al contrabando y a las economías informales. «Cuando el comercio legal se encarece, el ilegal florece», afirmó Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
El líder gremial señaló que «las barreras comerciales no desarticulan el crimen organizado», ya que, aunque los empresarios aseguraron estar comprometidos con los esfuerzos para enfrentar la crisis de seguridad en ambos países, pidieron separar esa agenda de la actividad comercial.
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«La seguridad es una prioridad legítima del Estado, pero la estabilidad económica también es parte esencial de esa seguridad», añadió Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que pidió que las medidas se paralicen mientras se abre un canal de diálogo entre Noboa y su homólogo, Gustavo Petro.
Añadió que no se trataba de quién tenía la razón, sino de proteger la seguridad, la estabilidad económica, el empleo y la integración regional.
"Tenemos que hacer un llamado serio y firme a los dos gobiernos para que se sienten a solucionar sus diferencias y para que la moneda de cambio entre sus diferencias no sea el bienestar de los consumidores, de los trabajadores y del sector productivo", resaltó @BruceMacMaster.… pic.twitter.com/2bhk6GR55V
— ANDI (@ANDI_Colombia) March 2, 2026
En la misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de Colombia, Bruce Mac Master, reiteró que «no tiene ningún sentido usar mecanismos de restricción comercial para resolver problemas de seguridad».
El comercio bilateral entre ambos países se acerca a los 3 000 millones de dólares y está representado por miles de empresas, recordó Mac Master, que defendió que se trata de «un caso de éxito de integración».
Asimismo, pidió «separar la discusión de seguridad de la discusión comercial» y evitar que trabajadores y empresas se conviertan en «moneda» de cambio.
Créditos: José Jácome/EFE
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