La Corte Constitucional de Colombia ha tomado una decisión histórica al declarar que los animales de compañía no pueden ser embargados en disputas legales, incluyendo casos de divorcio y cobros bancarios.
Esta resolución se produjo durante la sesión de la Sala Plena del 25 de septiembre, que se llevó a cabo en Manizales, y fue respaldada por la Procuraduría General de la Nación, que aboga por la protección de la salud emocional de los ciudadanos.
La magistrada Natalia Ángel Cabo presentó la ponencia que argumentó que, al momento de la creación del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, el Congreso no consideró adecuadamente la protección de los animales de compañía. Este artículo, que enumera los bienes inembargables, ahora incluye a las mascotas, destacando su importancia en el bienestar emocional de las personas que mantienen vínculos afectivos con ellas.
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La Procuraduría había solicitado desde febrero de 2024 que los animales fueran considerados bienes inembargables, con el fin de preservar el libre desarrollo de la personalidad de sus dueños. La entidad argumentó que separar a las mascotas de sus propietarios para cumplir con obligaciones financieras podría ser desproporcionado y tener un impacto negativo en su bienestar psicológico.
A pesar de que las mascotas son clasificadas como bienes muebles según la legislación civil, la Corte reconoció su condición de seres sintientes que establecen lazos afectivos con las personas, lo cual debe ser protegido por las autoridades. La inclusión de los animales de compañía en la lista de bienes inembargables refleja un avance significativo en la protección de sus derechos y en el reconocimiento de su valor intrínseco en la vida de las personas.
La Corte subrayó la relevancia de los vínculos afectivos entre humanos y mascotas, destacando que el embargo de estos animales podría agravar situaciones emocionales ya críticas durante crisis financieras. Esta decisión no solo busca salvaguardar el bienestar emocional de los propietarios, sino también reafirma el deber de protección hacia los animales como parte de un enfoque más amplio sobre sus derechos.
Con esta determinación, Colombia se alinea con una tendencia global en la legislación que reconoce la importancia de los animales de compañía, más allá de su valor económico, abogando por su bienestar y el de sus propietarios en el contexto de disputas legales.
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